Durante los últimos años un tema ha sido noticia constante en los medios de comunicación no solo venezolanos, sino de todo el continente: El Tren de Aragua. Gracias a la ola migratoria la banda de Tocorón de pronto se convirtió en el principal producto de exportación venezolano y en uno de los grandes productores de noticias y de discursos de políticos a lo largo del continente, hasta acciones presidenciales hemos visto como las del presidente de Chile, Gabriel Boric, todo en la lucha contra el monstruo venezolano.
Hace dos semanas, un trabajo publicado por la web de investigaciones periodísticas, Insight Crime puso en el tapete informativo la presencia no de una, sino de dos grandes organizaciones criminales colombianas en la cabeza del ranking de la delincuencia en nuestro país: El Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente Acacio Medina de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Estos grupos irregulares colombianos ocupan la primera y tercera posición del informe de Insight Crime sobre las principales bandas que operan en Venezuela y en una especie de sandwich criminal el relleno es el Tren de Aragua, vale destacar que en el quinto lugar se encuentra otra organización irregular, las autodenominadas Fuerzas Bolivarianas de Liberación.
Sin embargo, contrario a lo que se puede esperar, el gobierno nacional hizo silencio. Como si no existiera el tema, lo que contrasta con las reacciones foráneas a la presencia de la banda venezolana. En nuestro país no se habla del tema salvo algunos epilépticos operativos contra los eufemísticos Tancol, que no son más que una forma de disfrazar a los delincuentes del ELN y las FARC que controlan gran parte del territorio nacional.

La soberanía perdida
“La presencia de estos grupos de origen colombiano en nuestro territorio tiene un significado primario y es la clara pérdida de la soberanía nacional”, señala el criminólogo y docente universitario Luis Izquiel.
Agrega que esa soberanía no ejercida por Venezuela, tiene graves consecuencias sociales, “el ELN y las FARC ejercen gobernanza criminal en los territorios que controlan, en otras palabras: imponen reglas sociales, de comportamiento y ejercen el control sobre las comunidades, cobran vacunas y reclutan a sus integrantes en nuestro territorio, o sea en los estados Táchira, Apure y Zulia”.
“Se sabe del reclutamiento de venezolanos por esas organizaciones, inclusive niños y adolescentes. Estos grupos aprovechándose de la crisis que hay en nuestro país captan además a migrantes que los suman a sus filas. Estamos ante la consolidación de organizaciones criminales binacionales, no solo porque hacen presencia en los dos territorios sino también porque cada vez hay más venezolanos en esas bandas”.

La fuerza de las drogas
Pero además de la pérdida de nuestra soberanía, nos encontramos ante otro grave problema y es la utilización de nuestro territorio para el narcotráfico, asegura el especialista.
“Estos dos grupos están vinculados con la producción de cocaína en el mundo, con esa presencia tan importante en nuestro territorio, evidentemente nos encontramos ante un grave problema y es que utilizan nuestro territorio para el tráfico de drogas hacia varias partes del mundo, pero principal hacia Centroamérica y el Caribe a través de pistas clandestinas ubicadas en estados fronterizos de Venezuela”.

Reclutamiento de niños y jóvenes
Pero si la situación parece complicada con los temas de la pérdida de la soberanía y el narcotráfico, se agrava cuando se analizan las denuncias sobre el reclutamiento de niños y adolescentes y condiciones de semi esclavitud a las que serían sometidos otras personas que son trasladadas a campos donde se siembran la coca.
La Fundación Redes ha denunciado de manera reiterada que organizaciones armadas irregulares colombianas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), además del Ejército Popular de Liberación (EPL) y las Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL) que operan en nuestro país estarían ofreciendo incentivos a menores de edad venezolanos para que se unan a sus filas.
En un informe elaborado en septiembre de 2018 FundaRedes indicaba haber conocido testimonios de lugareños que señalaban que “niños de los estados Zulia, Táchira, Apure, Bolívar y Amazonas e incluso de otros no fronterizos como Barinas, Mérida y Falcón son reclutados por estas organizaciones”
Según datos de la Asociación Venezuela Libre de Secuestros y difundidos por Fundaredes, para el año 2018 habían 115 venezolanos en poder de grupos irregulares colombianos, esta cifra se habría triplicado en la medida que la crisis venezolana se agravó.