Al informar sobre la decisión sobre la reforma, la presidenta del CNE, Indira Alfonso Izaguirre, aseguró que la medida fortalecería “la participación política que nuestros pueblos y comunidades indígenas tienen en el marco del Estado social de derecho y de justicia.

Eglée González Lobato, académica y exconsultora jurídica del CNE; los diputados indígenas por los estados Zulia y Apure, Virgilio Ferrer y Javier Lináres, respectivamente; el exconstituyentista y periodista Vladimir Villegas; y el antropólogo Esteban Emilio Mosonyi, Premio Nacional de Cultura de Venezuela en 1999 conocido por ser uno de los principales investigadores en el campo de la lingüística indígena, emitieron su opinión sobre la decisión adoptada por el CNE el pasado viernes 14.

Para la Doctora en Derecho y creadora de la Cátedra Libre: Democracia y Elecciones de la Universidad Central de Venezuela, Eglée González Lobato, “la degradación del voto a la población indígena es tan escandalosa y tan contraria al principio de la progresividad, que bien cabe preguntarse cuáles podrían ser las razones que pudieran explicar que se echen por tierra 74 años de conquistas del voto universal, directo y secreto de los venezolanos, para elegir tres diputados indígenas de 277 aprobados por el CNE mediante las Normas Especiales para las Parlamentarias 06D-2020.

Esta disminución de la capacidad política de la población indígena la acomete el CNE a través de la creación de un Registro Electoral en donde solo son electores los voceros elegidos a través de Asambleas Comunitarias.

Lamentablemente el CNE, pese a tener la oportunidad de corregir, decidió ratificar el voto de segundo grado para la población indígena, reservando el voto directo y secreto para unos cuantos pocos electores, en lo que representa una violación notoria a la Constitución de la República, a sus usos y costumbres”

Virgilio Ferrer, diputado indígena por el estado Zulia considera que el reglamento del CNE es un “manifiesto de odio hacia los pueblos originarios”. 

“Este reglamento viola el principio de la democracia representativa y elimina la elección secreta de los diputados y viola los artículos 62, 63, 186 y 125 que son deberes y derechos de los pueblos indígenas consagrado en nuestra Constitución”, expresó.
A su juicio, la eliminación de los derechos civiles y políticos de los indígenas y elegir a sus representantes en asambleas comunitarias, en una elección de segundo grado que viola la Constitución de la República.

Por su parte el diputado indígena del estado Apure Javier Linares considera que “la eliminación del derecho al voto secreto universal y directo, conlleva a la exclusión política y social de las comunidades indígenas, que hoy son desplazados también de su habita por mafias y guerrilla extranjera”.

Vladimir Villegas, exconstituyentista, periodista y analista político contesto a la consulta de El Universal: “Cualquier sistema que pretenda sustituir el voto directo y secreto es contrario al espíritu de la Carta Magna.  No se puede seguir utilizando la Constitución como carne de cañón para este tipo de maniobras que van más allá de lo electoral. Van en la dirección de socavar lo que va quedando de institucionalidad democrática.

Por su parte el antropólogo Esteban Emilio Mosonyi,, en misiva que publica el portal digital Aporrea, solicitó al CNE la reconsideración de su Resolución N°20063-0024, referente a la reforma del reglamento.

“Lo hago en defensa de los derechos -especialmente los constitucionales- de los pueblos indígenas, cuya consecución les costó más de 500 años de lucha y resistencia hasta que se los restituyó generosamente el presidente Chávez, de muy grata recordación por el mundo indígena y sus mejores aliados”, escribió.

Y tras un detenido análisis sobre los que aciertos y deficiencias que admite en relación con la reglamentación que rige para la participación electoral de los pueblos indígenas, concluye señalando:

“El Reglamento Especial recién aprobado por el honorable CNE, lejos de corregir las no tan notorias deficiencias de normativa previa, complica enormemente y hasta puede imposibilitar una participación indígena real en los próximos comicios legislativos. Peor todavía, si el papel asignado a las múltiples asambleas comunitarias se reduce a la elección de voceros/as, quienes, luego de una Asamblea Indígena General eligen a los tres diputados indígenas de entre los candidatos suministrados por las Organizaciones Indígenas vigentes en la República, estaríamos entonces en presencia de un acto de votación indirecta para la integración del Poder Legislativo, totalmente contradictorio con la Constitución vigente de la República Bolivariana de Venezuela: semejante más bien, a las elecciones presidenciales realizadas en los Estados Unidos de América. De este modo, nuestra población indígena perdería su derecho, tan difícilmente adquirido, de participar directamente en nuestros eventos electorales, a través del voto universal, secreto y personalizado. Honorables magistrados del CNE, no existe excusa alguna para convertir al indígena venezolano en ciudadano de segunda categoría.

Sobre la posición expresada por Esteban Emilio Mosonyi, el exdiputado y defensor de los derechos humanos, Enrique Ochoa Antich, escribió muy brevemente: “Habría que agregar que si lo que se quiere es asegurar el principio de que el pueblo indígena elija sus propios diputados, lo pertinente sería abrir un registro para un padrón electoral especial".