Caracas.- El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ), este lunes publicó un informe en donde denuncia que al menos 109 personas y organizaciones que se encargan de defender los derechos humanos en Venezuela fueron atacados durante el primer semestre del presente año, situación que se ha incrementado durante la pandemia por Covid-19.

Dicho informe expresa, “la política de criminalización a la defensa y exigencia de derechos humanos se ha agudizado durante el estado de alarma decretado en el país el 13 de marzo (…) El Estado venezolano continúa agrediendo a quienes defienden derechos humanos bajo la lógica del enemigo interno”.

En este sentido la CDJ contabilizó 51 ataques en el primer trimestre y otros 58 entre abril y junio, meses en los que se ha mantenido la cuarentena en el país para evitar el contagio del virus, reseña EFE.

Entre las personas más atacadas figuran los profesionales de la salud, trabajadores de organizaciones humanitarias, periodistas, activistas sociales, líderes sindicales y defensores de derechos humanos, según el informe publicado.

También expone que las formas más comunes de atacar han sido “actos de intimidación y hostigamiento”, persecución, detenciones arbitrarias, judicialización, amenazas de muerte, ataques digitales y restricciones legales y se registraron 43 “estigmatizaciones” durante el segundo trimestre, ataques que muestran “el uso de los discursos de odio y desprestigio, ejecutados por autoridades e instituciones del Estado a través del sistema nacional de medios públicos para afectar el trabajo de las organizaciones y personas que defienden DDHH”.

La ONG en su informe indica que un 35 % de los responsables de todos estos ataques han sido los medios públicos que controla el Ejecutivo, un 31 % funcionarios o instituciones del Estado, el 12 % los organismos de seguridad y un 22 % de “otros” que no fueron especificados.

Para concluir, el Centro para los Defensores y la Justicia pide que se investigue y sancione a los responsables de cometer estas agresiones toda vez que “el derecho a defender se ha convertido en una labor de alto riesgo” en Venezuela.