Diputados de la Asamblea Nacional exigen a los cuerpos de seguridad fe de vida del diputado Gilber Caro y del periodista Víctor Ugas, detenidos por el FAES el pasado 20 de diciembre en las inmediaciones de la urbanización La Florida en Caracas.
La diputada Delsa Solórzano aseguró que lo que se ha comedido contra el parlamentario Caro y el periodista Ugas es una desaparición forzada que lo único que busca es evitar que el venidero 05 de Enero sea reelecto en la Presidencia del parlamento el diputado Juan Guaidó.
"Fracasaron con la operación Alacrán y con la compra de las voluntades de los diputados, por ello están utilizando la nueva estrategia del amedrentamiento, la judicialización de diputados pero eso tampoco les va a funcionar porque al voluntad de los diputados es firme y clara", expresó.
Según la parlamentaria, hasta los momentos se desconoce el paradero del diputado y su acompañante, ya que ni sus familiares, tampoco el equipo jurídico que les asiste. "La AN, no tiene conocimiento de cuál ha sido su destino y en qué condiciones se encuentran".
Frente a tal situación, dijo Solórzano, se ha alertado a la comunidad internacional, porque se trata de un delito flagrante establecido en la Constitución y en el Código Penal venezolano.
La diputada Delsa Solórzano aseguró que lo que se ha comedido contra el parlamentario Caro y el periodista Ugas es una desaparición forzada que lo único que busca es evitar que el venidero 05 de Enero sea reelecto en la Presidencia del parlamento el diputado Juan Guaidó.
"Fracasaron con la operación Alacrán y con la compra de las voluntades de los diputados, por ello están utilizando la nueva estrategia del amedrentamiento, la judicialización de diputados pero eso tampoco les va a funcionar porque al voluntad de los diputados es firme y clara", expresó.
Según la parlamentaria, hasta los momentos se desconoce el paradero del diputado y su acompañante, ya que ni sus familiares, tampoco el equipo jurídico que les asiste. "La AN, no tiene conocimiento de cuál ha sido su destino y en qué condiciones se encuentran".
Frente a tal situación, dijo Solórzano, se ha alertado a la comunidad internacional, porque se trata de un delito flagrante establecido en la Constitución y en el Código Penal venezolano.
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