Desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de marzo de 2019 en Venezuela, han sido detenidos 14.471 ciudadanos por motivos políticos, 8.154 de estas personas continúan sometidas a medidas restrictivas a su libertad a pesar de haber sido excarceladas, (esto incluye prohibición de salida del país en algunos casos, prohibición de participar en asambleas o hablar ante medios de comunicación, presentación periódica ante tribunales y se mantienen con un proceso judicial en suspenso, con la amenaza de poder ser privadas de su libertad nuevamente), refleja el último informe del Foro Penal venezolano.
Además, 837 civiles han sido juzgado inconstitucionalmente, ante la jurisdicción penal militar.
Como dato importante, hay que señalar que mientras algunos ciudadanos detenidos son liberados o excarcelados, otros más son arrestados de manera arbitraria por motivos políticos. Por lo que se sigue manteniendo tras las rejas, un número considerable de presos políticos, en lo que se ha calificado desde el Foro Penal como el efecto “puerta giratoria”. Por ejemplo, para el 25 de marzo de 2019, habían 864 presos políticos. El 31 de marzo, a pesar de haber sido excarceladas 10 personas en la semana anterior, fueron, a su vez, encarceladas 10 nuevos presos políticos.
Civiles juzgados en tribunal militar
Funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), el 19 de marzo de 2019 allanaron la vivienda de Juan Carlos Marrufo y su esposa María Auxiliadora Delgado, hermana de Osman Alexis Delgado Tabosky, señalado como financista del intento de magnicidio contra Nicolás Maduro, en agosto de 2018 y del asalto al Fuerte Paramacay en el año 2017.
Tras su detención, María Auxiliadora Delgado y Juan Carlos Marrufo, fueron trasladados a la sede del DGCIM ubicada en Boleíta, Caracas. Les fueron imputados los delitos de “Asociación para delinquir” y “Finanmismo al terrorismo” y presentados ante el Tribunal 20 de Control el 22 de marzo. El referido tribunal de control les dictó medida preventiva privativa de libertad por el lapso de 45 días.
Su familia denuncia que no hay motivos para lo que calificaron como un “secuestro”. El resto de sus parientes está fuera del país.
Persecución a familiares de los rebeldes de Cotiza
El vicepresidente del Foro Penal venezolano, Gonzalo Himiob Santomé, señaló que “se produjo una persecución implacable” contra los militares que se alzaron en Cotiza el 21 de enero de 2019. “24 de ellos están hoy por hoy privados de libertad”.
Precisó Himiob Santomé que “en el caso del sargento de la Guardia Nacional Bolivariana, Harry Solano, que se encuentra evadido, ante la imposibilidad de ubicarlo, la División de Contrainteligencia Militar (DGCIM) arremetió directamente contra su familia, cinco miembros civiles y cinco militares fueron secuestrados para que de alguna manera revelaran el paradero, que además no conocían, del sargento".
“Como no lo han podido ubicar, secuestraron a siete personas de su familia, civiles y militares. Había una joven de 19 años y una señora de 73 años. Casi todo fueron sujetos a maltratos e intimidaciones para tratar de dar con el sargento”, denunció Himiob.
“Esto no es solo una grave violación a los Derechos Humanos, no solo es un crimen, atentar contra la familia de un militar, solo porque expresó su pensamiento, es un acto de cobardía”, concluyó Himiob.
Hostigamiento a diputados de la Asamblea Nacional
El Foro Penal venezolano denuncia que existe una política represiva por el gobierno de Nicolás Maduro para controlar a la población y este hostigamiento a la disidencia política también se trasladó hasta el Palacio legislativo.
Los diputados de la Asamblea Nacional han sido víctimas de una persecución ilegal que se intensifico luego del alzamiento militar del 30 de abril.
Al parlamentario Juan Requesens le vulneraron su inmunidad, acusándole de participar en el intento de magnicidio en agosto de 2018 junto al también diputado y expresidente del Parlamento Julio Borges.
Requesens fue secuestrado a las afueras de su casa por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) junto a su hermana Rafaela.
El 10 de agosto el ministro de información, Jorge Rodríguez, en cadena nacional mostró un video de Juan Requesens en el que aseguraba que había colaborado con el ingreso de los autores del supuesto atentado.
“Desde hace varias semanas fui contactado por Julio Borges, quien me pidió el favor de pasar a una persona de Venezuela a Colombia. Se trata de Juan Monasterios, me contacté con él a través de la mensajería. Yo estaba en San Cristóbal”, explica al principio del video.
Agregó que le escribió al funcionario de Migración Colombia, Mauricio Jiménez, para que lo ayudara a pasar a Monasterios. Sin embargo, en su declaración no da detalles con respecto a un ataque al presidente de la República.
La oposición denunció que Requesens fue drogado, torturado y amenazado con asesinar a sus padres y con violar a su hermana si no cooperaba con las declaraciones presentadas por Jorge Rodríguez. El diputado de Primero Justicia posteriormente alegó no recordar nada de lo emitido en cadena nacional.
En otro video se observa al parlamentario en ropa interior manchada con excrementos mientras que un hombre le pide que se diera vuelta.
Gilber Caro desaparecido
El diputado a la Asamblea Nacional, por el estado Miranda, Gilber Caro, también fue privado de su libertad el 26 de abril de 2019 por fuerzas de seguridad del Estado venezolano y se desconoce su sitio de reclusión.
Yeydi Caro, hermana del activista de Voluntad Popular, denunció que sus familiares desconocen el paradero del parlamentario, que fue sorprendido por funcionarios del Sebin, mientras comía en una arepera en Caracas.
Theresly Malavé, abogada que integra la defensa del diputado Gilber Caro, indicó que se desconoce el paradero del parlamentario.
"No se sabe absolutamente nada de Caro, nuestro equipo ha buscado en Caracas y Valencia en distintas sedes penitenciarias, pero no tenemos conocimiento alguno después de una semana y media de una presunta detención por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional", indicó Malavé en una entrevista para Unión Radio.
Amnistía Internacional y la Organización de Naciones Unidas han solicitado al gobierno de Maduro esclarecer el lugar donde se encuentra el diputado Gilber Caro, pero aún no obtienen respuesta al respecto.
“Pedimos al director del Sebin que proporcione sin demora información sobre la suerte y el paradero de Gilber Caro, y lo ponga en libertad inmediatamente”, expuso el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), cuando se hizo difusión del llamado de Amnistía Internacional.
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