Desde que llegó a la Presidencia de la República por mandato del pueblo en 1999, el Comandante Hugo Chávez fue atacado por la derecha venezolana y el gobierno estadounidense y sus aliados, solo por gobernar en favor de los más vulnerables y liderar un proceso de cambios profundos para reivindicar a los venezolanos.

Uno de los ataques más criminales perpetrados por la derecha venezolana fue hace 22 años, el 11 de abril de 2002.

Ese día llegó con violencia que a través de los medios de comunicación radicalizó un mensaje de odio y bajo las consignas “Todos a Miraflores” y “Chávez vete ya”, generaría caos y muerte, atentando contra la Revolución Bolivariana.

En ese momento, venezolanos inocentes emprendieron un camino trágico, planificado por la derecha y manipulando a ese sector del pueblo que creyó un su discurso para llegar al poder, a través de un golpe de Estado que ya venían planificando.

La tarde de ese 11 de abril se convirtió en una de las más horrendas matanzas ocurrida en la historia política del país, orquestada por un sector de la cúpula empresarial y comercial que se reveló, oponiéndose a un paquete de 49 leyes promulgadas mediante una Ley Habilitante creada por el entonces presidente Chávez, entre las que se encontraban la Ley de Tierras, que facilitaba la lucha en contra del latifundio, así como la Ley de Hidrocarburos que permitía el ejercicio de la soberanía en la actividad petrolera.

Los altos mandos en Pdvsa no le perdonaron al Comandante Chávez el impulso de la meritocracia en la estatal petrolera, desencadenando así una serie de hechos violentos comandados por la Central de Trabajadores de Venezuela (CTV) y la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), representadas por Carlos Ortega y Pedro Carmona Estanga.

Estos personajes, junto a otros representantes de la derecha venezolana como Guaicaipuro Lameda, Julio Borges, Henrique Capriles Radonski, Leopoldo López, María Corina Machado, y un grupo de militares disidentes –todos ellos como parte del combo que se apersonó en Miraflores para instalar el Gobierno de Carmona–, firmaron un documento titulado "bases para un acuerdo democrático", con la mediación de Luis Ugalde, rector de la Universidad Católica Andrés Bello; en el que exigían al gobierno cambiar su gabinete económico, y que abandonara el sectarismo político.

Ante la negativa del presidente Chávez en aceptar dichas exigencias los empresarios, sindicatos y partidos de oposición crearon las alianzas fácticas para llevar a cabo un paro indefinido el 09 de abril que se convertiría en golpe de Estado en el que los medios de comunicación privados jugaron un papel determinante antes, durante y después de la acción anticonstitucional.

En medio de una incertidumbre mediática, el 11 de abril de 2002 el presidente Hugo Chávez fue secuestrado a través de una ola de violencia que se desató en el centro de Caracas, signada por informaciones poco claras con las que se intentó hacerle creer a la población que el gobierno había ordenado reprimir al pueblo y se incitaba a usurpar ilegalmente el poder.

Dando inicio a los planes, el Contralmirante Molina Tamayo llamó a una marcha que se dirigiera a las inmediaciones de Miraflores, con el objetivo de encontrarse con la manifestación popular que llevaba tres días en los alrededores del palacio en apoyo al proceso de cambio y en rechazo al paro cívico comandado por la patronal Fedecámaras y la CTV, y así se produjeron los primeros hechos de violencia con disparos a dos manifestantes a quemarropa, y con las pretensiones de callar lo que había pasado entre sus manifestantes, los medios privados omitieron los hechos, que terminarían en más de 20 muertos y decenas de heridos.

A las 4:01 p.m se iniciaron abiertamente los disparos al mando del comisario Iván Simonovis, Lázaro Forero y Henry Vivas hacia Puente Llaguno, lo que terminó en un intento de derrocamiento del presidente Chávez.

El Golpe de Estado de 2002 es una prueba de que la derecha con sus ansias de poder ha empleado todos los métodos de sabotaje y conspiración habidos y por haber para derrocar a la Revolución Bolivariana con una violencia desmedida, bajo la premisa de que el fin justifica los medios. Acción que dejó una larga lista de víctimas mortales y heridas.