El viernes 17 de marzo fue un día movido: el Gobierno y la Fiscalía pusieron en marcha una operación cuyo objetivo era arrestar a importantes funcionarios con cargos en el Poder Judicial y la industria petrolera involucrados en graves actos de corrupción.
Se han descubierto varias tramas en diferentes áreas del poder público, pero una de las más relevantes es la relacionada con Pdvsa y la Superintendencia de Criptoactivos (Sunacrip). En esta trama, se encontraron pagos recibidos en criptomonedas por varios millardos de dólares, que no fueron registrados ni entregados a Pdvsa ni a las autoridades financieras del país. Como resultado, se detuvo al menos a una decena de funcionarios y Tareck el Aissami renunció a su cargo.
Otro caso de corrupción que también fue objeto de medidas policiales está relacionado con el Poder Judicial. El presidente del Circuito Judicial Penal de Caracas y otros jueces han sido acusados de tener relaciones con bandas delictivas. Por un motivo semejante, fue detenido el alcalde de Las Tejerías.
Pobreza
La corrupción ha generado un impacto negativo en diferentes esferas de la sociedad venezolana. Sin embargo, no se trata solo de una cuestión ética, sino también económica y social. Hay que tener en cuenta el estrecho nexo que existe entre la corrupción y la pobreza, ya que la corrupción tiene un efecto perjudicial sobre el desarrollo económico y disminuye la eficiencia del gasto público, lo que limita el acceso a salarios justos y a los servicios de salud, agua y electricidad.
Sanciones
La corrupción es más difícil de detectar y prevenir cuando los procesos gubernamentales para la utilización de los recursos no son transparentes, cuando faltan procedimientos y las instituciones no ejercen o no pueden ejercer los controles necesarios.
Esta situación es crónica en Venezuela, pero ha sido exacerbada por las sanciones de Estados Unidos. Las sanciones convirtieron la exportación de petróleo, un negocio normal, en una actividad ilícita catalogada y perseguida como contrabando. Además, cerraron el acceso al sistema bancario, lo que impide el uso de cartas de crédito y dificulta el asentamiento de registros.
“Contrabando”
La venta de petróleo bajo la modalidad de contrabando no permite la transparencia. El contrabando, por su naturaleza, no es transparente, y los pagos y cobros fuera del sistema bancario tampoco lo son. No obstante, por las sanciones, Venezuela se ha visto obligada a vender su petróleo bajo esa modalidad (“smuggling”), ya que no tiene otra opción.
Además, el Gobierno y las empresas públicas han tenido que recurrir a formas de cobro o pago en efectivo o criptomonedas. Esta situación, obviamente, dificulta la transparencia y aumenta la posibilidad de que los funcionarios incurran en actos de corrupción.
Intermediarios
Según reciente informe de Reuters, Pdvsa se vio obligada a recurrir a la empresa rusa Rosneft para comercializar sus ventas en Asia después de perder su principal mercado, Estados Unidos. No obstante, esta opción pronto se agotó cuando Rosneft también fue sancionada. Como resultado, Pdvsa recurrió a empresas de México y luego a una red de intermediarios menos conocidos, ya que Washington no permite a las empresas tradicionales contratar con Pdvsa.
Los intermediarios que brindan logística, comercian la producción de Pdvsa y cumplen con los pagos no están incursos en hechos de corrupción en Venezuela, pero corren riesgos significativos por las sanciones. Esta situación se ilustra en el caso del ciudadano ruso Alexander Uss, a quien Italia aprobó la extradición a Estados Unidos por comerciar con petróleo venezolano. En la misma situación se encuentran dos españoles, solicitados por un fiscal de Nueva York.
Vigilancia
Los hechos de corrupción revelados son auténticos y, por lo tanto, es conveniente y beneficioso que se castiguen, ya que la impunidad ha hecho mucho daño. Que la responsabilidad de lo sucedido haya recaído en los integrantes de un factor interno del Gobierno no disminuye la importancia de la decisión tomada, pero existen dudas válidas sobre si se mantendrá el mismo rigor cuando los miembros de otros grupos se encuentren involucrados.
Conforme continúan las sanciones, el entorno en el que se seguirán desarrollando los negocios petroleros será de zonas grises, poco transparente y, por lo tanto, propicio para la corrupción. Por ello, la sociedad debe ejercer una mayor vigilancia y control para garantizar que no haya impunidad en ningún caso.
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