La administración del presidente Donald Trump presentó este sábado un recurso ante la Corte Suprema de Estados Unidos solicitando el levantamiento de la orden de emergencia que, durante la madrugada, suspendió temporalmente las expulsiones de migrantes venezolanos hacia El Salvador.
La solicitud fue firmada por el procurador general John Sauer y busca que el máximo tribunal del país autorice la reactivación de los vuelos de deportación hacia el país centroamericano, al tiempo que permita a los tribunales de menor instancia continuar el tratamiento del caso.
La solicitud fue firmada por el procurador general John Sauer y busca que el máximo tribunal del país autorice la reactivación de los vuelos de deportación hacia el país centroamericano, al tiempo que permita a los tribunales de menor instancia continuar el tratamiento del caso.
La intervención de la Corte Suprema se produjo tras un recurso presentado por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, que alertó sobre un traslado “inminente” de venezolanos detenidos en un centro migratorio en Texas hacia El Salvador, a pesar de una orden judicial que exige darles tiempo para defenderse legalmente.
El gobierno de Trump ha justificado estas deportaciones invocando la Ley de Enemigos Extranjeros de 1789, un estatuto poco utilizado y reservado históricamente para contextos de guerra, argumentando que los migrantes forman parte del Tren de Aragua, una organización criminal venezolana designada recientemente como grupo terrorista por Washington.
El uso de esta ley ha generado un fuerte debate legal y político. Mientras la Casa Blanca defiende su aplicación como una medida de seguridad nacional, juristas y legisladores opositores advierten sobre una posible violación constitucional y la instauración de un precedente peligroso.
El gobierno de Trump ha justificado estas deportaciones invocando la Ley de Enemigos Extranjeros de 1789, un estatuto poco utilizado y reservado históricamente para contextos de guerra, argumentando que los migrantes forman parte del Tren de Aragua, una organización criminal venezolana designada recientemente como grupo terrorista por Washington.
El uso de esta ley ha generado un fuerte debate legal y político. Mientras la Casa Blanca defiende su aplicación como una medida de seguridad nacional, juristas y legisladores opositores advierten sobre una posible violación constitucional y la instauración de un precedente peligroso.
El recurso gubernamental califica la acción de ACLU como “prematura”, al haber sido elevada directamente a la Corte Suprema sin agotar antes los procedimientos en tribunales inferiores. Además, asegura que los migrantes fueron notificados con antelación sobre su traslado y que la administración no está haciendo uso directo de la Ley de Enemigos Extranjeros para las expulsiones.
Sin embargo, documentos presentados por ACLU y confirmados por el propio gobierno indican que los detenidos en el centro migratorio Bluebonnet, en Texas, recibieron notificaciones escritas en inglés sobre su inminente deportación bajo ese marco legal, a pesar de que varios de ellos no dominan el idioma.
Los traslados a El Salvador forman parte de un acuerdo confidencial entre Washington y el presidente salvadoreño Nayib Bukele, mediante el cual Estados Unidos se compromete a pagar 6 millones de dólares anuales a cambio del alojamiento de los migrantes en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, una prisión de alta seguridad conocida por sus condiciones severas y acusaciones de violaciones a derechos humanos.
Desde marzo, más de 200 migrantes la mayoría venezolanos han sido trasladados a esa prisión. Aunque la administración Trump sostiene que todos tienen vínculos con grupos delictivos, una reciente investigación de Bloomberg señala que el 90% de ellos no tiene antecedentes penales en Estados Unidos.
Sin embargo, documentos presentados por ACLU y confirmados por el propio gobierno indican que los detenidos en el centro migratorio Bluebonnet, en Texas, recibieron notificaciones escritas en inglés sobre su inminente deportación bajo ese marco legal, a pesar de que varios de ellos no dominan el idioma.
Los traslados a El Salvador forman parte de un acuerdo confidencial entre Washington y el presidente salvadoreño Nayib Bukele, mediante el cual Estados Unidos se compromete a pagar 6 millones de dólares anuales a cambio del alojamiento de los migrantes en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, una prisión de alta seguridad conocida por sus condiciones severas y acusaciones de violaciones a derechos humanos.
Desde marzo, más de 200 migrantes la mayoría venezolanos han sido trasladados a esa prisión. Aunque la administración Trump sostiene que todos tienen vínculos con grupos delictivos, una reciente investigación de Bloomberg señala que el 90% de ellos no tiene antecedentes penales en Estados Unidos.
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