Marco Rubio aprovecha la situación de deportados venezolanos para imponer agenda de EEUU
El gobierno del presidente Nicolás Maduro ya había aceptado la reanudación de los vuelos
Caracas. - Este martes, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio amenazó con mayores sanciones contra Venezuela para que acepten vuelos de migrantes repatriados.
El gobierno de Nicolás Maduro ya había aceptado la reanudación de los vuelos. El último vuelo, planeado para el viernes 14 de marzo, habría sido pospuesto y los migrantes venezolanos fueron enviados a El Salvador, acusados de pertenecer al Tren de Aragua, según fuentes consultadas por Guacamaya.
En este caso, Rubio estaría tratando de enviar venezolanos a terceros países para así cortar la vía de comunicaciones directa entre Caracas y Washington, y buscar escalar la presión económica y política contra Venezuela.
¿Si Venezuela aceptó las repatriaciones, cómo llegamos hasta aquí?
El enviado presidencial para misiones especiales de Trump, Richard Grenell, anunció el 20 de enero que se abrían las comunicaciones directas con el gobierno de Venezuela. Poco después, el 31 de enero Grenell llegó a Caracas para encontrarse con Nicolás Maduro.
Ahí se acordó que la aerolínea estatal Conviasa recoja migrantes venezolanos detenidos en los EEUU. Según una fuente en la administración Trump, fue el propio gobierno de Maduro que ofreció tanto retomar los vuelos como costear la operación, dentro del “Plan Vuelta a la Patria”.
Tras la revocación de la Licencia Chevron las relaciones entre ambos gobiernos volvieron a caminar sobre una cuerda floja. Cabe notar que el fin de la licencia fue empujado por aliados de Rubio, los congresistas de la Florida Carlos Giménez, María Elvira Salazar y Mario Díaz-Balart, según Axios.
Sin embargo, el 13 de marzo Grenell anunció que continuarían los vuelos de repatriación entre los EEUU y Venezuela, bajo las mismas condiciones. El próximo se daría el siguiente día. Esto fue corroborado por su contraparte en Venezuela, Jorge Rodríguez, y el ministro de interior, Diosdado Cabello, diciendo que habría un vuelo a El Paso. El vuelo habría sido suspendido para ese día debido a una tormenta.
Los vuelos de Conviasa solo tendrían licencia para aterrizar en ciertos aeropuertos militares en EEUU, ya que en los civiles o comerciales entrarían en riesgo de ser retenidos por acreedores del estado venezolano.
Cuando se dio a conocer que se iba a posponer el vuelo de repatriación de El Paso, el equipo de Marco Rubio habría filtrado a la prensa la intención de enviar venezolanos a El Salvador. La filtración fue publicada por AP.
La primera gira internacional de Rubio fue por Centroamérica, donde acordó con países como Panamá, Costa Rica y El Salvador aceptar deportados de terceros países, entre ellos Venezuela. Sin embargo, el embajador Grenell ya estaba en conversaciones con Caracas para retomar vuelos de repatriación directos.
Según una declaración de Jorge Rodríguez el martes, los mismos migrantes que estaban en El Paso serían los que fueron llevados a El Salvador. Estos fueron acusados por la Casa Blanca de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua, y han sido internados en las “mega-cárceles” del país centroamericano.
Según AP, el gobierno de Trump estaría pagando a El Salvador al menos 6 millones de dólares por el primer grupo de deportados venezolanos, que fueron 238 personas. A su vez, Bukele anunció que los propios migrantes serían obligados a trabajar para costear su propio encarcelamiento.
A pesar de que los 238 venezolanos han sido acusados de pertenecer al Tren de Aragua, no se han presentado pruebas. El propio Departamento de Estado se negó a ofrecerlas cuando fueron requeridas por Guacamaya por escrito.
101 de los deportados a El Salvador habrían sido expulsados tan sólo por entrar ilegalmente a los EEUU, poniendo en duda que fuesen parte de alguna organización criminal. En una declaración bajo juramento, un oficial de inmigración estadounidense afirmó que muchos de estos migrantes “no tenían antecedentes penales”.
El oficial también declaró que, ante dificultades por descubrir hechos criminales en el pasado de varios de los migrantes, “la falta de información específica sobre cada individuo subraya el riesgo que suponen. Demuestra que son terroristas sobre los cuales carecemos de un perfil completo”.
El gobierno de Nicolás Maduro ya había aceptado la reanudación de los vuelos. El último vuelo, planeado para el viernes 14 de marzo, habría sido pospuesto y los migrantes venezolanos fueron enviados a El Salvador, acusados de pertenecer al Tren de Aragua, según fuentes consultadas por Guacamaya.
Venezuela is obligated to accept its repatriated citizens from the U.S. This is not an issue for debate or negotiation. Nor does it merit any reward. Unless the Maduro regime accepts a consistent flow of deportation flights, without further excuses or delays, the U.S. will impose…
— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) March 18, 2025
En este caso, Rubio estaría tratando de enviar venezolanos a terceros países para así cortar la vía de comunicaciones directa entre Caracas y Washington, y buscar escalar la presión económica y política contra Venezuela.
¿Si Venezuela aceptó las repatriaciones, cómo llegamos hasta aquí?
El enviado presidencial para misiones especiales de Trump, Richard Grenell, anunció el 20 de enero que se abrían las comunicaciones directas con el gobierno de Venezuela. Poco después, el 31 de enero Grenell llegó a Caracas para encontrarse con Nicolás Maduro.
Ahí se acordó que la aerolínea estatal Conviasa recoja migrantes venezolanos detenidos en los EEUU. Según una fuente en la administración Trump, fue el propio gobierno de Maduro que ofreció tanto retomar los vuelos como costear la operación, dentro del “Plan Vuelta a la Patria”.
Tras la revocación de la Licencia Chevron las relaciones entre ambos gobiernos volvieron a caminar sobre una cuerda floja. Cabe notar que el fin de la licencia fue empujado por aliados de Rubio, los congresistas de la Florida Carlos Giménez, María Elvira Salazar y Mario Díaz-Balart, según Axios.
Sin embargo, el 13 de marzo Grenell anunció que continuarían los vuelos de repatriación entre los EEUU y Venezuela, bajo las mismas condiciones. El próximo se daría el siguiente día. Esto fue corroborado por su contraparte en Venezuela, Jorge Rodríguez, y el ministro de interior, Diosdado Cabello, diciendo que habría un vuelo a El Paso. El vuelo habría sido suspendido para ese día debido a una tormenta.
Los vuelos de Conviasa solo tendrían licencia para aterrizar en ciertos aeropuertos militares en EEUU, ya que en los civiles o comerciales entrarían en riesgo de ser retenidos por acreedores del estado venezolano.
Cuando se dio a conocer que se iba a posponer el vuelo de repatriación de El Paso, el equipo de Marco Rubio habría filtrado a la prensa la intención de enviar venezolanos a El Salvador. La filtración fue publicada por AP.
La primera gira internacional de Rubio fue por Centroamérica, donde acordó con países como Panamá, Costa Rica y El Salvador aceptar deportados de terceros países, entre ellos Venezuela. Sin embargo, el embajador Grenell ya estaba en conversaciones con Caracas para retomar vuelos de repatriación directos.
Según una declaración de Jorge Rodríguez el martes, los mismos migrantes que estaban en El Paso serían los que fueron llevados a El Salvador. Estos fueron acusados por la Casa Blanca de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua, y han sido internados en las “mega-cárceles” del país centroamericano.
Los CECOT, ideados por el presidente salvadoreño Nayib Bukele, fueron creadas para castigar a miles de miembros de las “maras” o pandillas locales.
Organizaciones en defensa de los derechos humanos han denunciado torturas y diversas violaciones de la ley en estos centros.
Según AP, el gobierno de Trump estaría pagando a El Salvador al menos 6 millones de dólares por el primer grupo de deportados venezolanos, que fueron 238 personas. A su vez, Bukele anunció que los propios migrantes serían obligados a trabajar para costear su propio encarcelamiento.
A pesar de que los 238 venezolanos han sido acusados de pertenecer al Tren de Aragua, no se han presentado pruebas. El propio Departamento de Estado se negó a ofrecerlas cuando fueron requeridas por Guacamaya por escrito.
101 de los deportados a El Salvador habrían sido expulsados tan sólo por entrar ilegalmente a los EEUU, poniendo en duda que fuesen parte de alguna organización criminal. En una declaración bajo juramento, un oficial de inmigración estadounidense afirmó que muchos de estos migrantes “no tenían antecedentes penales”.
El oficial también declaró que, ante dificultades por descubrir hechos criminales en el pasado de varios de los migrantes, “la falta de información específica sobre cada individuo subraya el riesgo que suponen. Demuestra que son terroristas sobre los cuales carecemos de un perfil completo”.
Con Información de Guacamaya y Agencias
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