La Habana.- Cuba se prepara para reconocer al mercado como parte de su economía socialista, en un proyecto de nueva Constitución que su Asamblea Nacional aprobará este fin de semana, con el extremo cuidado de no salir de su cauce ideológico.
"En Cuba no hay ni habrá giros capitalistas", enfatizó recientemente el presidente Miguel Díaz-Canel, dejando claro que la doctrina que rige los destinos de la isla tras el triunfo de la revolución en 1959, no cambia.
Así, el proyecto reafirma "el carácter socialista" del sistema político, económico y social, y el papel rector del gobernante y único Partido Comunista de Cuba (PCC) "como fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado".
Sin embargo, las reformas económicas iniciadas por su antecesor Raúl Castro desde el 2008 y que ahora Díaz-Canel debe continuar, requieren de un piso legal que no existe en la Carta Magna que data de 1976.
"Que el mercado tenga mayor importancia y juegue un papel trascendental en el proyecto económico y social de Cuba era algo que se esperaba" en la nueva Constitución, dijo a la AFP el abogado constitucionalista José Antonio Fernández.
El proyecto de 224 artículos, elaborado por una comisión parlamentaria que dirigieron Castro y Díaz-Canel, será votado por la Asamblea Nacional este fin de semana y luego sometido a un referendo popular antes de su aprobación final.
PROPIEDAD PRIVADA
Luego de casi cuatro décadas de propiedad mayoritariamente estatal, las reformas de Raúl Castro impulsaron el trabajo privado, que hoy abarca a 591.000 personas y representa el 13% de la fuerza laboral del país.
La entrega de nuevas licencias para negocios particulares estuvo detenida por casi un año hasta reabrirse la semana pasada, con limitaciones de un permiso por ciudadano, que apuntaría a evitar la acumulación de riqueza personal. Además regulan el pago de impuestos.
El proyecto de Constitución "añade el reconocimiento del papel del mercado y de nuevas formas de propiedad, entre ellas la privada", señaló un resumen del texto publicado en el diario oficial Granma. Ello permitirá la legalización de la pequeña y mediana empresa.
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