Semana tras semana este artículo trata de formar, de motivar, de hacer crecer. Emprendedores y relacionados con el sector turismo tienen aquí un espacio, una herramienta, para impulsar sus iniciativas, como bien me lo dijo algún día un lector.
A veces hacemos revisiones de lo social con el aporte y la orientación necesaria para que en conjunto superemos las adversidades y salgamos todos adelante. O por lo menos hagamos el intento.
Hoy levanto la voz de muchos para denunciar.
Este año escolar 2020 - 2021 arranca de forma convulsa por la intención de los colegios privados de aumentar exponencialmente sus matrículas sin aplicación de la normativa legal y en claro perjucio a los padres, representantes y alumnos.
No han sido pocas las denuncias recibidas en la Sundde por esta acción de los directivos y propietarios de colegios privados, que violenta el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes. ¿Sus respuestas han sido eficientes? Pareciera que no pues hay colegios que no asumen ni respetan las medidas aplicadas.
Se estima, además, que más de 200 instituciones privadas ya tenían procedimientos administrativos abiertos desde el período escolar anterior por cobros exagerados y no complimiento de los resoluciones 0027 y 114.
Los colegios incumplen los mecanismos para aprobar las mensualidades descritos en las resoluciones emanadas del Ministerio de Educación e incluso que la norma, aprobada por los gremios que les representan, establece una estructura de costos con 70% para nómina y 30% restante para gastos. La ley es clara en que estos parámetros no pueden ser alterados bajo ningún concepto.
Muchos colegios durante los meses de pandemia no han bajado sus mensualidades, e incluso muchos de los que tomaron esta medida la hicieron de forma temporal.
Ante esta situación los representantes se han dirigido al Sundde que, en el caso del estado Nueva Esparta, las respuesta no ha sido lo efectiva que se ha esperado pues los colegios no aceptan las disposiciones del ente e insisten en abusar con los cobros.
En otros lugares del país la respuesta de las zonas educativas fue eficiente y de respaldo a los padres, pero de un momento a otro se detuvieron las acciones de este ente del ejecutivo y los padres se vieron obligados a buscar otras alternativas institucionales.
Los Concejos de Protección y las Defensorías del Pueblo han sido el camino que la ciudadanía transita para no quedar en la indefensión. En estos casos y por razones inexplicables, han sido más eficientes que sus pares institucionales del Ejecutivo.
La Contraloría Social ha sido una alternativa que han buscado los padres para poder acceder a la administración de los planteles privados y lograr dar así con los costos reales y satisfactorios para una operación al 100% de estos planteles.
No son pocos los colegios que manifiestan que son un empresa privada para manipular a los representantes, aunque realmente y por ley son asociaciones civiles sin fines de lucro que prestan un servicio social con una licencia que les otorga el Estado venezolano. Ese mismo Estado que muchos desconocen al no aplicar las medidas emanadas de sus organismos.
Hace un año la Asamblea de Padres hizo lo propio y revisó las cifras de un renombrado colegio privado en Margarita, dando como resultado una disminución importante de la matrícula establecida, una mensualidad que se mantiene en el tiempo y una plena operatividad del plantel.
En días más recientes un grupo de representantes se presentó en otro colegio en Pampatar para hacer una auditoría y luego de la negativa de la dirección del plantel accedieron a documentos que demuestran, entre otras cosas, el pago de arrendamiento del local a los dueños del colegio antes del pago de la nómina, por lo que además responsabilizan a los padres responsables de esta acción en el retraso de los honorarios del personal.
También en Margarita otro colegio no ha abierto sus puertas, sin dar razones algunas para mantener al vilo a los más de 200 niños y niñas que allí deben recibir formación académica.
La recomendación a quienes estén siendo víctimas de abusos por parte de los colegios privados es denunciar y hacer seguimiento ante la Sundde, Zona Educativa, Concejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y ante la Defensoría del Pueblo. Si en estas instancias no tienen respuestas eficientes pueden hacer sus denuncias ante los tribunales de la República.
No es la educación de los niños un privilegio sino un derecho.
Aprende, crea y emprende
Leonardo Zurita
Comunicador Social UCV
Instagram, Facebook & twitter: leozuritave
leozurita.ve@gmail.com
A veces hacemos revisiones de lo social con el aporte y la orientación necesaria para que en conjunto superemos las adversidades y salgamos todos adelante. O por lo menos hagamos el intento.
Hoy levanto la voz de muchos para denunciar.
Este año escolar 2020 - 2021 arranca de forma convulsa por la intención de los colegios privados de aumentar exponencialmente sus matrículas sin aplicación de la normativa legal y en claro perjucio a los padres, representantes y alumnos.
No han sido pocas las denuncias recibidas en la Sundde por esta acción de los directivos y propietarios de colegios privados, que violenta el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes. ¿Sus respuestas han sido eficientes? Pareciera que no pues hay colegios que no asumen ni respetan las medidas aplicadas.
Se estima, además, que más de 200 instituciones privadas ya tenían procedimientos administrativos abiertos desde el período escolar anterior por cobros exagerados y no complimiento de los resoluciones 0027 y 114.
Los colegios incumplen los mecanismos para aprobar las mensualidades descritos en las resoluciones emanadas del Ministerio de Educación e incluso que la norma, aprobada por los gremios que les representan, establece una estructura de costos con 70% para nómina y 30% restante para gastos. La ley es clara en que estos parámetros no pueden ser alterados bajo ningún concepto.
Muchos colegios durante los meses de pandemia no han bajado sus mensualidades, e incluso muchos de los que tomaron esta medida la hicieron de forma temporal.
Ante esta situación los representantes se han dirigido al Sundde que, en el caso del estado Nueva Esparta, las respuesta no ha sido lo efectiva que se ha esperado pues los colegios no aceptan las disposiciones del ente e insisten en abusar con los cobros.
En otros lugares del país la respuesta de las zonas educativas fue eficiente y de respaldo a los padres, pero de un momento a otro se detuvieron las acciones de este ente del ejecutivo y los padres se vieron obligados a buscar otras alternativas institucionales.
Los Concejos de Protección y las Defensorías del Pueblo han sido el camino que la ciudadanía transita para no quedar en la indefensión. En estos casos y por razones inexplicables, han sido más eficientes que sus pares institucionales del Ejecutivo.
La Contraloría Social ha sido una alternativa que han buscado los padres para poder acceder a la administración de los planteles privados y lograr dar así con los costos reales y satisfactorios para una operación al 100% de estos planteles.
No son pocos los colegios que manifiestan que son un empresa privada para manipular a los representantes, aunque realmente y por ley son asociaciones civiles sin fines de lucro que prestan un servicio social con una licencia que les otorga el Estado venezolano. Ese mismo Estado que muchos desconocen al no aplicar las medidas emanadas de sus organismos.
Hace un año la Asamblea de Padres hizo lo propio y revisó las cifras de un renombrado colegio privado en Margarita, dando como resultado una disminución importante de la matrícula establecida, una mensualidad que se mantiene en el tiempo y una plena operatividad del plantel.
En días más recientes un grupo de representantes se presentó en otro colegio en Pampatar para hacer una auditoría y luego de la negativa de la dirección del plantel accedieron a documentos que demuestran, entre otras cosas, el pago de arrendamiento del local a los dueños del colegio antes del pago de la nómina, por lo que además responsabilizan a los padres responsables de esta acción en el retraso de los honorarios del personal.
También en Margarita otro colegio no ha abierto sus puertas, sin dar razones algunas para mantener al vilo a los más de 200 niños y niñas que allí deben recibir formación académica.
La recomendación a quienes estén siendo víctimas de abusos por parte de los colegios privados es denunciar y hacer seguimiento ante la Sundde, Zona Educativa, Concejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y ante la Defensoría del Pueblo. Si en estas instancias no tienen respuestas eficientes pueden hacer sus denuncias ante los tribunales de la República.
No es la educación de los niños un privilegio sino un derecho.
Aprende, crea y emprende
Leonardo Zurita
Comunicador Social UCV
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