En el siglo VI a. C, en Atenas, surgió la necesidad de concebir un orden (cosmos) político civilizado y democrático ante el movimiento por la reivindicación de las masas populares, los demos. Solón, designado para esta tarea, razonó que el orden político (microcosmos) estaba subordinado al de la Naturaleza (macrocosmos) y, en consecuencia, para configurar el presente y anticipar el devenir debía adoptarse un principio político imparcial, el de Justicia. Cuando Platón, dos siglos después, constató las desviaciones del régimen democrático ateniense pensó que a los principios debía dársele solidez mediante la concepción del ente político de acuerdo a la virtud por excelencia, la justicia, pues ella articula e integra la naturaleza del alma humana y de la polis. Aristóteles pensó que era necesario generar la constitución política mediante la naturaleza de la praxis pública, a través del ejercicio de los procesos deliberativos de la Asamblea regulados por ley. Scoto razonó que el mero plano intelectual era insuficiente para instaurar un orden político, pues era necesario el ejercicio de la voluntad (querer-hacer) de actores justos y obedientes del orden divino plasmado en el plano terrenal. En el Humanismo cívico renacentista, con la política instaurada en un plano secular, Maquiavelo enfatizó la necesidad del ejercicio de una voluntad política, fundamentada en las relaciones de poder, necesaria para instituir el orden político (ordini) republicano -no el mero uso discrecional de la fuerza-. Los Federalistas estadounidenses insistieron en el cumplimiento de las competencias constitucionales definidas bajo el Imperio de la ley, para que la voluntad política evite el ejercicio de la discrecionalidad con sus correlativas expresiones: arbitrariedad decisoria y emergencia de facciones.

Nótese que el punto de anclaje, en la identificación del para qué de la política, ha pasado de la naturaleza o Ser (en Solón, Platón y Aristóteles), a Dios (Scoto), los aconteceres mundanos (Maquiavelo) y el Imperio de la Ley expresado en una Constitución (Federalistas).

En 1839, Fermín Toro, lector concienzudo y agudo, publicó un largo ensayo, Europa y América, en el cual plasmaba su expectativa positiva sobre el futuro político del nuevo continente. Sustentaba su esperanza en la convicción siguiente: “La política…reducida a sus principios racionales” está fundamentada en tres elementos: “libertad, o independencia de la voluntad”, es decir, autonomía; “ley, o la voluntad de todos, expresada para regla de todos”, es decir, espacio público conformado por la impersonalidad de las normas para limitar el ejercicio discrecional; “y poder, que es la fuerza racional que asegura la aplicación de los principios”. Al combinarse los tres principios puede evaluarse la constitución de una sociedad política:

“Ley y libertad sin poder – anarquía

Ley y poder sin libertad – despotismo

Poder sin ley ni libertad – barbarie

Poder con libertad y ley – república”

Razona Toro que el régimen político concebido por una nación necesita institucionalizarse, ya que “al adoptar aquellos principios que pueden llamarse de la civilización”, está obligada “a observarlos religiosamente” porque de ellos “depende su fuerza moral”. ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad para ese balance republicano, es decir, para que haya adopción y preservación de principios ético-políticos? La historia de las ideas políticas ha dado dos respuestas que requieren ser implantadas en paralelo: el desarrollo de una cultura cívica y la institución del buen gobierno. Nótese que ambas respuestas enfocan la responsabilidad de los actores que comparten un espacio público. Nuestra conjetura es, que en el caso de Venezuela, el conjunto de las ideas y propuestas de los ensayistas nacionales –tanto del siglo XIX como del XX- es el reservorio, a partir del cual, podemos y debemos identificar las ideas-fuerzas que iluminen la reflexión y la práctica política para el desarrollo de actores políticos responsables; tanto en su rol ciudadano, como gubernamental.

@juliaalcibiades