Por ahora, está planteada la elección de diputados a la Asamblea Nacional el 06 12 2020. Esta renovación es un objetivo del gobierno de NM para salir del atolladero en que se encuentra dado que las alternativas con las que intentó desplazar a la Legislatura opositora no resultaron viables ni creibles: la Asamblea Nacional Constituyente tiene un rechazo de gestión de – 84% y la Asamblea paralela bajo la dirección de Luis Parra es desconocida por un 88% de los venezolanos.

El oficialismo aspira a que una nueva Asamblea, compuesta por un número elevado de minipartidos le mejore su imagen y, más aún, poder legalizar nombramientos cuestionados, como los de los Rectores del Consejo Nacional Electoral, Fiscal, Contralor y Defensor del Pueblo, Magistrados “express”, aprobar créditos públicos, comprar y vender activos del Estado, aparte de la aprobación de leyes.

Ciertamente, el venezolano prefiere las vías institucionales, como el voto y el diálogo, para manejar la política; a pesar de la propaganda que han recibido otras opciones, como la invasión de fuerzas extranjeras o el golpe de Estado. Pero, la preferencia por la vía electoral se mantiene sólo si el conjunto de variables que condicionan el voto como medio de expresión política cumplen ciertos standares.

La gran condición para ir a votar es que las elecciones incluyan a las presidenciales. Esto se explica porque el rechazo a lagestión de Nicolás Maduro se mantiene muy alto (82,4%); este mal desempeño está asociado a una percepción muy negativa de la Situación País (-93%) y a una evaluación negativa de la Situación Personal (- 57,6%). Y el problema de la legitimidad no es sólo de gestión sino de origen: Para el 56% de los entrevistados NM no es el presidente legítimo; para el 29,2% sí lo es; la diferencia No Sabe/No Contesta.

Las consideraciones anteriores explicarían que el 78% de los potenciales electores desea que NM termine su mandato en 2020, porcentaje que coincide quienes desean que las elecciones parlamentarias vayan acopladas a elecciones presidenciales o que la elección incluya solamente al Presidente.

En cuanto a las condiciones o reglas de juego electorales, el 89% de los entrevistados en diciembre pasado estaban de acuerdo con que se nombrara otra directiva del CNE. Ese nuevo Consejo Nacional Electoral fue nombrado por el Tribunal Supremo de Justicia, organismo cuyo rechazo de gestión ha rondado – 80%. Lo que contribuye a explicar que el nivel de acuerdo con esa acción del TSJ no cuente sino con un 23% de aprobación y que la confianza en el nuevo organismo electoral sea también muy baja: + 18,4%.

Dadas las condiciones electorales que han ido apareciendo, se entiende que la disposición a participar electoralmente sea muy baja: Solamente el 5,6% estaría “muy dispuesto” a ir a votar (porcentaje que tradicionalmente coincide con la participación electoral registrada por el CNE. Este porcentaje era del 10,4% en la Encuesta Nacional Omnibus de Datanalisis de marzo pasado. Sin embargo, dependiendo de la evolución de las condiciones y del atractivo de los candidatos, ese porcentaje puede subir con base en el 27% que dice “estar dispuesto a ir a votar.”

Las intenciones de voto por los candidatos del oficialimo son del 14%, por los candidatos de los partidos que han negociado con el gobierno votaría el 10% y por los candidatos de los partidos opositores votaría el 39%. El resto no votaría.

A pesar de la baja popularidad del gobierno de NM, sus perspectivas electorales inmediatas no son tan negativas:

-Los partidos, “judicializados” tenderán a presentar cada uno un candidato, con lo cual dividirían la supuesta ventaja que refleja una intención de votos del 39% entre unos cinco candidatos promedio por curul (nuestra estimación).

-Es de esperar que el oficialismo logre operar electoralmente unido y bajo el mecanismo de “las morochas”, también llamado “El Quino de Chávez”. Un aspecto clave de este mecanismo es “la economía del voto”. Es decir, lograr suficientes votos para elegir un diputado lista-nacional en una región, sin excederse del mínimo necesario, y canalizar votos hacia otra candidatura en otra región del país. Por esta razón esos “diputados lista” son nacionales, violando el Artículo 186 de la Constitución, la cual establece que los diputados representan circunscripciones regionales y no a la nación como un todo.

La insólita conjunción de factores permite llegar a la inesperada conclusión de que un gobierno tan mal evaluado pueda aspirar, con bases realistas, a lograr una mayoría de los diputados en la próxima Asamblea. Su problema viene después; tanto a nivel nacional como internacional.

@joseagilyepes