La humanidad hoy es sometida a la amenaza del Covid-19. Esta pandemia, es un agente que no solo desafía nuestra existencia en sí, sino también un catalizador que exacerba las demandas y exigencias mundiales, ya manifestadas y en crescendo a lo largo del 2019. Es en sí, una prueba de resiliencia para los modelos socio económicos, políticos e institucionales.

Los factores de distanciamiento y movilidad social, la caída de la demanda por dicha inamovilidad y la afectada oferta de servicios en general, son elementos que se suman a una economía ya debilitada, a la caída abrupta del precio del petróleo, a la expansión demográfica y a la pandemia. Esta crisis es diferente, es mucho más aguda, y afecta directamente el derecho y la posibilidad de acceso a bienes y servicios esenciales (salud, medicina, alimentos, educación, agua, electricidad, comunicaciones, combustibles, etc.).

La amenaza mayúscula del Covid-19 cambió las prioridades, que ahora se enfocan hacia la supervivencia. Esta situación requiere efectividad y la integración de criterios. Pasó a ser centro de atención global y a constituir un punto vital y dominante en nuestras agendas, tanto nacional como internacionalmente. Sin importar el tamaño y la naturaleza de nuestras instituciones, tenemos que sumarnos a la solución.

En tal sentido, Venezuela demanda destrabar las acciones inmediatas requeridas. Solo como referencia, cada 10$ de caída del precio del crudo implica por lo menos de un 1% a 3% del PIB en pérdida de ingreso fiscal. Lo que en sí, debilita aún más las ya golpeadas y mermadas finanzas públicas. Por ello, nuestro modelo estatista, ya en jaque por las sanciones y decisiones erradas, se verá afectado a tal medida que tendrá una menor posibilidad de proveer de bienes y servicios básicos esenciales a la mayoría de la población.

Ante esta responsabilidad, bajo la presión de las circunstancias actuales, debemos lograr un concierto de capacidades y criterios, separados de intereses y visiones individuales. Es vital realizar un trabajo coordinado, bajo una metódica y transparente disciplina fiscal, que nos permita a corto plazo:

1. En corrientes medias y refinación, recuperar la capacidad de refinación al 25% de su capacidad original, o por lo menos a los 170.000 BD que requerimos para movilizar los bienes y servicios.
2. El ajuste del precio y control de los ingresos por la venta de combustible. Cambiar el modelo de distribución a un servicio público, donde se rindan cuentas y se ataque el contrabando de extracción.
3. En aguas arriba, destinar una parte de la producción de crudos a satisfacer la dieta de nuestras refinerías.
4. Mejorar la compresión de gas, y así, detener la declinación de producción de los yacimientos.
5. Asignar los trabajos de remediación y rehabilitación de pozos y de los medios de producción aguas arriba, a empresas y alianzas estratégicas que tengan demostrada capacidad y compromiso con el País. Con esto, podríamos mejorar el empleo efectivo al crear de 60 a 90.000 puestos de trabajo.
6. Atacar la quema de gas de venteo. Solo al norte de Monagas se pierden 1,960 millones de pies cúbicos estándar por día. Una cantidad de recursos energéticos que podrían ser hasta USD 8,000 millardos al año, o en ganancia ecológica sería equivalente a suprimir las emisiones de CO2 de siete millones de vehículos.
7. Utilizar las licencias de gas vigentes para aumentar y mejorar la producción en los bloques ya otorgados y en operación, ejemplo Cardón IV.

En la Cámara Petrolera de Venezuela seguiremos insistiendo en que Venezuela es nuestra mejor opción. Bajo un gran acuerdo nacional, con la participación efectiva y oportuna de los venezolanos podremos apuntar hacia la prosperidad y el progreso compartido.

Presidente de la Cámara Petrolera de Venezuela

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