La investigación que ahora está en manos de la Comisión Especial de la Asamblea Nacional podría revelar los mecanismos que ha utilizado el chavismo para “comprar opositores” y promover campañas para dividir y crear desconfianza en las filas democráticas.

Es de recordar los casos de William Ojeda y Ricardo Sánchez; políticos utilizados por el chavismo.

Las cartas de buena conducta emitidas por los parlamentarios señalados a favor de empresas que operaron con Alex Saab, el magnate de la importación de alimentos y de las cajas CLAP, cuyas empresas fueron investigadas y acusadas de sobreprecios y de manejar productos de baja calidad por la Procuraduría de México, es factible que formen parte de esa práctica utilizada por el chavismo para dividir a opositores y desprestigiar a dirigentes.

Es decir, no se trata solo de la compra de algún parlamentario opositor para favorecer un fin; sino uno de los mecanismos que operan detrás con motivaciones políticas, más que económicas.

Ningún político, empresario o funcionario público tiene de antemano un certificado de honestidad que lo acredite, y que garantice que no incurrirá en un acto de corrupción. Especialmente en Venezuela cualquiera podría estar expuesto a una situación de ese tipo, cuando ya el trabajo honesto no es un incentivo o una garantía para llevar una vida medianamente aceptable.

El chavismo hizo desaparecer las instituciones y no hay organismos que hagan contrapeso a la corrupción, a la violación de las leyes, al robo o la extorsión.

Ya es normal en Venezuela vender medicinas o alimentos adulterados. Funcionarios públicos cobran en dólares los trámites que deberían ser gratuitos o pagados en tarifas acordes a los salarios. Funcionarios y técnicos de servicios como electricidad, telefonía, etc., se roban los cables y luego cobran en dólares a las comunidades para restablecer el servicio. El agua desapareció de las tuberías porque miles de millones de dólares que debieron ser invertidos para desarrollar y mantener los embalses, las plantas de transmisión y los canales de distribución, fueron despilfarrados en actos de corrupción. Militares con sueldos que no llegan a $50 poseen camionetas y bienes que no están acorde con sus ingresos.

Pero lo más grave es que la justicia se ha vuelto un negocio y muchas personas acusadas de delitos menores, siendo inocentes o culpables, deben pagar fortunas para que su proceso no quede en el olvido. Y el que está preso debe pagar altas tarifas para no ser agredido o poder alimentarse.

La corrupción está en las calles y carreteras del país en donde al traslado de alimentos o insumos, para la producción, hay que agregarle a los costos el pago de la extorsión. En algunas barriadas populares, las bandas armadas se han convertido en la institución legal que rige la vida de sus habitantes.

El daño al país no solo ha sido en lo económico o la implantación de una autocracia. El quiebre institucional ha traído consigo el deterioro ético de toda la sociedad que ha tenido que desarrollar mecanismos propios para poder funcionar.

Para el chavismo, las prácticas fuera de la Ley son ya tan comunes, que no les afecta escandalizar con el hecho de que opositores hayan respaldado a un empresario corrupto, que ha sido socio y aliado del gobierno, como Saab. Para ellos ese escándalo resulta una buena historia para exponer a Juan Guaidó como cómplice de esa maquinaria fraudulenta. En lugar de exaltar o defender a los parlamentarios que absuelven a los socios del Gobierno, utilizan los hechos corruptos del comerciante de los CLAP, para decir que Guaidó y la oposición están inmersos en actos de corrupción. La paradoja se vivió en la Asamblea Nacional cuando la fracción chavista gritaba ¡dónde están los reales!

La Asamblea Nacional no escapa de la ausencia de institucionalidad y de leyes. A los parlamentarios se les quitó el salario. A los partidos políticos se les eliminó el derecho a financiarse por vías institucionales y transparentes. El PSUV y su cúpula militante reciben beneficios y privilegios con dineros del Estado que no figuran en ningún presupuesto formal.

Es factible que se demuestre que hubo beneficios personales en el caso de los parlamentarios que firmaron las cartas de buena conducta a personajes implicados en negocios fraudulentos. Pero difícilmente se comprobará cuáles son las manos que están detrás de esta trama de extorsión y compra de principios.

Twitter: @folivares10