Con asombro hemos presenciado en los últimos meses y, más en las semanas recientes, cómo se va desmoronando el estado de derecho venezolano. A pasos agigantados, el régimen –usando sus estructuras usurpadoras- ha venido restando la poca institucionalidad que aún queda a nuestra república para sustituirla por un “estado de derecho” lo más alejado posible de este nombre. De esta manera, con el uso del Tribunal Supremo de Justicia y sus decisiones; con las actuaciones de la fiscalía y de otros cuerpos del estado, vemos una fina línea entre la libertad y la tiranía. Línea delimitada por la mera interpretación de la norma, sin divisar el fondo de los hechos, ni encontrar en éstos la posibilidad que los presuntos implicados sean eso “presuntos” y que el derecho a la defensa prele por encima del “secuestro” de los individuos puesto que, la libertad constituye un valor fundamental dentro de los regímenes democráticos de derecho y justicia.

La disolución está “decretada”. Este es el instrumento a través del cual se está imponiendo el régimen chavista/madurista en toda la República. La “norma” se hace ley y, mediante ésta, se imponen “los preceptos” a quienes adversan al régimen. En esta situación está la Asamblea Nacional. Al margen de los pormenores que se le han imputado a cada uno de los diputados, los cuales desconozco en detalle y profundidad, la acción parlamentaria requiere de un cierto margen de independencia a fin de poder lograr un trabajo adecuado que permita cumplir a estos ciudadanos, investidos del voto popular, de una fuerza representativa y “protagónica” para el ejercicio de sus funciones. La violación de la decisión del “pueblo soberano” por parte de cualquier órgano de régimen constituye un hecho grave a evaluar por todos los venezolanos. En primer lugar, las instituciones no pueden “recubrirse de la ley” para constituirse en destructores del modo de vida democrático y de justicia de los ciudadanos. Por otro lado, es importante evaluar la supremacía que debe existir entre los órganos del poder público electos directa, popular y protagónicamente por los ciudadanos –presidente, gobernadores, diputados nacionales y regionales, alcaldes y concejales- sobre los miembros designados a órganos de gobierno como el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia, entre otros. Si bien la Constitución, las leyes y reglamentos dan a cada cual su espacio, no pueden éstos, flagrantemente, atropellar a aquéllos sin que medie un raciocinio que increpe al ciudadano común a reflexionar sobre lo que está pasando.

Estamos viviendo, a mi juicio y el de varios analistas políticos nacionales y extranjeros, una disolución lenta, pero permanente, de las instituciones republicanas para constituir un estado de facto. En efecto, los regímenes de facto usan estas figuras para ir gradualmente desmontando las instituciones y lograr así perpetuarse en el poder.

Es tarea de todos estar observantes ante esta crisis institucional de Venezuela que viene a sumarse a la gravísima crisis humanitaria que ya padecen nuestros compatriotas.

Luchemos desde nuestra tribuna para alertar lo que ocurre e increpar al régimen nuestro desacuerdo total y nuestro total apego al texto constitucional y sus reivindicaciones sociales y políticas.

¡Adelante!

@rafaelmartinezn

@proyecto_pais