Los antecedentes a este documento se remontan al año 1966, cuando la Gran Bretaña decide acordar la independencia a su colonia guyanesa. Eso cambiaba el panorama de la histórica reclamación que tenía Venezuela ante Inglaterra sobre el territorio al oeste del río Esequibo. En sus orígenes esa zona pertenecía a las colonias españolas que conformaban la Capitanía General de Venezuela, pero a partir del año 1835 los ingleses por medio de un explorador llamado Robert Schomburgk levantaron mapas de la zona, y trazaron unas líneas limítrofes que le adjudicaban a la colonia británica una buena parte del territorio venezolano. El gobierno nacional alzó su voz desde el primer momento contra las pretensiones coloniales, sin mucha capacidad de acción ante el poderoso vecino. Esas reivindicaciones persistieron hasta que en el año 1899 las grandes potencias firmaron el 3 de octubre en París, un acuerdo limítrofe tomando como referencia la línea Schomburgk. Un tribunal arbitral formado por norteamericanos, rusos e ingleses produjo en tan solo seis días un laudo que el presidente venezolano de ese entonces Ignacio Andrade denunció como nulo e írrito. 

Esa posición se mantuvo persistentemente a través del tiempo y en el año 1962 Venezuela denunció ante la ONU el problema limítrofe, para lograr que en el año 1966, justo antes de permitir la independencia de su colonia, la Gran Bretaña aceptara firmar con Venezuela un acuerdo en la ciudad de Ginebra por medio del cual reconoce el reclamo y accede a buscar soluciones a la controversia. En ese acuerdo se admiten los derechos de soberanía venezolanos sobre dicha zona, y ambos países se obligan a encontrar una solución concluyente, pacífica y honorable para las partes en el diferendo. En el marco de ese convenio se estableció una Comisión Mixta formada por dos representantes del gobierno venezolano, y dos representantes del gobierno guyanés. Además, el artículo 4 de dicho acuerdo estableció que si en los 4 años siguientes a la firma esa Comisión Mixta no produjera una propuesta satisfactoria, ambos gobiernos escogerían “uno de los medios de solución pacífica previstos en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas”. Esa comisión se reunió 17 veces y cesó sus funciones en febrero del año 1970 sin llegar a producir una proposición aceptable. El mismo artículo del convenio estipulaba que si al cabo de tres meses del informe final de la Comisión Mixta los gobiernos no conseguían elegir uno de los medios de solución de la controversia previstos en el artículo 33 de la Carta de las NUU, entonces referirían el tema a un organismo internacional apropiado. Si no se llegaba a un acuerdo tampoco en ese punto, entonces lo remitirían al Secretario General de la ONU. 

Cuatro meses después de finalizado el informe ambos gobiernos suscribieron el Protocolo de Puerto España, que impedía hacer valer ninguna reclamación y establecía que la zona no podría ser explotada unilateralmente por ninguno de los países involucrados. Ese acuerdo nunca fue ratificado por el Congreso venezolano y llegó a su término en junio del año 1982. El proceso de reclamación continúa. 

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