En el contexto venezolano, la Constitución de 1999 emergió con una promesa radiante de garantías ciudadanas y apertura política. En teoría, se trataba de un avance hacia una democracia más inclusiva. Sin embargo, a lo largo de los años, el camino de esos sueños se ha visto empañado por un deterioro acelerado. La implementación de esos derechos ha sido socavada, instituciones que, en lugar de ser garantes de tales principios, han desvirtuado su esencia en beneficio de intereses particulares y autoritarios.

La paradoja es clara: hablar de derechos humanos se ha convertido en un acto de doble filo. Por un lado, existen organismos internacionales que intentan mantener la discusión viva, pero que a menudo se ven atrapados en un laberinto de debates teóricos y principios abstractos. Las comisiones interamericanas, europeas y africanas parecen perder su rumbo frente a la imperante necesidad de actuar, mientras que la propia ONU se encuentra enredada en relaciones diplomáticas que priorizan la “autodeterminación de los pueblos” sobre la defensa efectiva de los derechos fundamentales. Este fenómeno no solo deslegitima sus esfuerzos, sino que también contribuye a un clima de desconfianza que socava cualquier posibilidad de progreso genuino en materia de derechos humanos.

Además, la figura de los defensores de los derechos humanos ha sufrido una metamorfosis inquietante. Cada vez más, estos defensores son vistos como voceros de agendas particulares, justificando actos atroces en nombre de una parcialidad ideológica. La hipocresía se hace evidente cuando los mismos países que critican a otros por violaciones a los derechos fundamentales son cómplices o perpetradores en sus propias naciones. Este doble rasero crea una percepción de injusticia que erosiona la credibilidad de la defensa de los derechos humanos a nivel global.

El caso de ciertos movimientos sociales es particularmente revelador. Mientras se argumenta a favor de derechos que pueden parecer exclusivos para grupos minoritarios, se ignoran las voces de la mayoría. La discusión sobre el "derecho a la adopción" adquiere un matiz sombrío cuando se convierte en un mecanismo de exhibición más que en una búsqueda genuina del bienestar infantil enfocado en el Derecho de un niño a tener una familia. Puede parecer alarmista, pero hay quienes intentan destacar el “derecho a gustos sexuales” en contextos inaceptables, donde el bienestar de niños y niñas queda relegado ante la defensa de conductas cuestionables.

A lo largo de la historia, figuras emblemáticas como Eleonora Roosevelt han sido parte integral en el desarrollo de estos principios, impulsando un ideal de justicia y equidad. No obstante, incluso en documentos tan seminales, las intenciones pueden ser cuestionadas. En el caso de la Constitución venezolana de 1999, a pesar de sus amplias garantías ciudadanas y su enfoque en el empoderamiento social, la realidad contemporánea muestra un panorama sombrío en el que estas aspiraciones han sido distorsionadas y, en muchos casos, ignoradas.

Hoy en día, hablar de derechos humanos puede parecer una obscenidad. La discusión ha perdido su esencia y se ha transformado en un dilema que anula cualquier posible aprobación hacia las conductas de gobiernos y organizaciones corporativas. Muchos “defensores de los derechos humanos” han caído en la trampa de defender lo indefendible, justificando atrocidades en nombre de una parcialidad específica. Esto plantea una grave contradicción, ya que al mismo tiempo se desestiman y violentan los derechos de aquellos que disienten o que no se alinean con esta visión limitada de los derechos.

A veces sin considerar el derecho del feto en desarrollo a una vida digna, se convierte en materia de discusión en grados extremos, una paradoja en grado inconmensurable de lo absurdo; he allí, que el “derecho a la maternidad” es transformado en un derecho de “letalidad”. La lucha en torno a los derechos sexuales, en muchos contextos, se ha convertido en una defensa de intereses particulares que ignoran las necesidades y derechos de la infancia. Sociedades cuyo status quo les ubica en las líneas superiores a la media de “desarrollo”; ponderan “derechos a gustos en la práctica sexual”, pero no se menciona a las víctimas de pedofilia, y de hacerlo se sustentan en una normativa etérea y sosa de “solo sí, es sí”.

Este fenómeno revela la existencia de una hipocresía institucional y mediática que, en lugar de fortalecer el estado de derecho, lo debilita. Las narrativas que emergen de estos debates suelen priorizar ciertos intereses políticos o económicos a expensas de los derechos fundamentales de otros. La falta de acción adecuada ante estas injusticias reduce el impacto positivo que se podría generar en la sociedad y perpetúa un ciclo de violencia y desigualdad.

En este contexto, es fundamental que como sociedad nos replanteemos nuestra relación con los Derechos Humanos. Debemos ser capaces de distinguir entre el verdadero respeto a la dignidad humana y las manipulaciones que buscan justificar conductas aberrantes. La lucha por los DDHH no puede ser un juego de poder ni un instrumento para encubrir violaciones; debe ser un compromiso genuino por un futuro donde todos tengan la oportunidad de vivir con dignidad.

Como corolario, la hipocresía que rodea los derechos humanos en la actualidad es un recordatorio aleccionador de la fragilidad de los ideales que se pensaron inquebrantables. Si no somos capaces de reconciliar la teoría con la práctica y reconocer las voces silenciadas de aquellos que verdaderamente necesitan ser escuchados, corremos el riesgo de que los sueños de justicia y equidad queden relegados a meras palabras en una declaración olvidada. La necesidad de un cambio real y profundo es imperativa, no solo para honrar el legado de quienes lucharon por estos derechos, sino también para forjar un futuro más justo para la humanidad en su conjunto.

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