Chevron, como sucesora petrolera, ha mantenido su presencia en Venezuela durante más de un siglo.
A lo largo de estos 100 años, ha transitado por diversas etapas: comenzó como concesionaria, luego fue nacionalizada, más tarde se convirtió en socia durante la apertura petrolera, fue parcialmente expropiada, y finalmente se transformó en un socio operativo minoritario.
Chevron ha operado bajo severas restricciones impuestas por esquemas sancionatorios, los cuales le ordenaron paralizar sus actividades y limitarse exclusivamente al mantenimiento de sus activos.
En ese periodo, su producción fue colocada por PDVSA.
Estas limitaciones fueron parcialmente modificadas, permitiéndole cobrar deudas acumuladas, aunque sin realizar nuevos desembolsos para inversión.
Pese a estos obstáculos, y con el escaso flujo de caja disponible después de pagar impuestos y amortizar su deuda, Chevron logró aumentar la producción hasta casi 300 mil barriles diarios. Esto demuestra claramente su compromiso e interés en Venezuela y sus crudos pesados, los cuales coinciden con su reconocida especialización técnica.
Hay que resaltar que ese aumento de producción se ha logrado, gracias a la participación de las empresas venezolanas, de ingeniería, servicios a pozos y de construcción.
Hay que recordar que durante la apertura petrolera se presentaron 58 compañías, de 14 países, siendo Estados Unidos el país con mayor representación: 18 empresas, entre las cuales estaban las más grandes del sector, muchas de ellas hoy fusionadas, como Chevron-Texaco, ConocoPhillips y ExxonMobil.
Cuando se impuso la obligación de que PDVSA tuviera una participación mayoritaria del 60% en todas las asociaciones, algunas de estas empresas abandonaron el país y otras demandaron a la nación.
Chevron fue la única que decidió permanecer, manteniendo la bandera estadounidense en Venezuela.
Sin embargo, la más reciente decisión, conocida como la Licencia 41A, vuelve a imponer limitaciones drásticas, ordenando la paralización de actividades en un plazo abrupto de 30 días.
El daño de una acción de esta naturaleza no solo impacta al gobierno venezolano, sino también al sector privado y a la población en general.
Al congelar sus operaciones, Venezuela perderá a la única empresa estadounidense que aún opera en el país.
En lugar de recibir un premio por su persistencia, Chevron obtiene un castigo de USA, que, además, se extiende al país entero.
Se trata de un daño colateral mayor, del que se pretende causarse al gobierno, y que ya el gobierno en el pasado superó con una medida similar.
Aun así, persiste la esperanza de que esta medida pueda ser reconsiderada por estas estas y diversas razones.
@eromeronava
A lo largo de estos 100 años, ha transitado por diversas etapas: comenzó como concesionaria, luego fue nacionalizada, más tarde se convirtió en socia durante la apertura petrolera, fue parcialmente expropiada, y finalmente se transformó en un socio operativo minoritario.
Chevron ha operado bajo severas restricciones impuestas por esquemas sancionatorios, los cuales le ordenaron paralizar sus actividades y limitarse exclusivamente al mantenimiento de sus activos.
En ese periodo, su producción fue colocada por PDVSA.
Estas limitaciones fueron parcialmente modificadas, permitiéndole cobrar deudas acumuladas, aunque sin realizar nuevos desembolsos para inversión.
Pese a estos obstáculos, y con el escaso flujo de caja disponible después de pagar impuestos y amortizar su deuda, Chevron logró aumentar la producción hasta casi 300 mil barriles diarios. Esto demuestra claramente su compromiso e interés en Venezuela y sus crudos pesados, los cuales coinciden con su reconocida especialización técnica.
Hay que resaltar que ese aumento de producción se ha logrado, gracias a la participación de las empresas venezolanas, de ingeniería, servicios a pozos y de construcción.
Hay que recordar que durante la apertura petrolera se presentaron 58 compañías, de 14 países, siendo Estados Unidos el país con mayor representación: 18 empresas, entre las cuales estaban las más grandes del sector, muchas de ellas hoy fusionadas, como Chevron-Texaco, ConocoPhillips y ExxonMobil.
Cuando se impuso la obligación de que PDVSA tuviera una participación mayoritaria del 60% en todas las asociaciones, algunas de estas empresas abandonaron el país y otras demandaron a la nación.
Chevron fue la única que decidió permanecer, manteniendo la bandera estadounidense en Venezuela.
Sin embargo, la más reciente decisión, conocida como la Licencia 41A, vuelve a imponer limitaciones drásticas, ordenando la paralización de actividades en un plazo abrupto de 30 días.
El daño de una acción de esta naturaleza no solo impacta al gobierno venezolano, sino también al sector privado y a la población en general.
Al congelar sus operaciones, Venezuela perderá a la única empresa estadounidense que aún opera en el país.
En lugar de recibir un premio por su persistencia, Chevron obtiene un castigo de USA, que, además, se extiende al país entero.
Se trata de un daño colateral mayor, del que se pretende causarse al gobierno, y que ya el gobierno en el pasado superó con una medida similar.
Aun así, persiste la esperanza de que esta medida pueda ser reconsiderada por estas estas y diversas razones.
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