El Llano venezolano con sus 240.000 km2 de superficie, es el paisaje predominante de la geografía nacional. Sus inmensas sabanas y los bosques colindantes, son el hábitat de nuestra rica fauna llanera, cuya conservación exige de un mejor conocimiento y concientización ciudadana. Estando este hábitat intervenido por las actividades agrícolas, pecuarias y forestales que en el Llano tienen su asiento en forma legítima y respetuosa del ambiente, la flora y la fauna, su depredación evidente resulta de las actividades ilegales como la cacería y la pesca furtivas, las talas ilegales, la piromanía de sabanas y bosques, las invasiones de tierras y la conuco-cultura que además erosiona y degrada los suelos.

Al respecto es de recordar como la iniciativa privada entre 1958 y 1999, convirtió los hatos llaneros en fábricas de carne creando auténticos refugios para la fauna, sumando sin costo alguno al Estado miles de hectáreas de áreas protegidas, y posibilitando además el ecoturismo en el Llano por nacionales y extranjeros. Infortunadamente en los 2000, el terror agrario desatado bajo el ideario Castro-comunista con el decreto-Ley de Tierras, invadió y/o despojó de sus predios varios miles de productores propietarios privados pequeños, medianos y grandes, comenzando por los más productivos y más conservacionistas. En los hatos llaneros estatizados al igual que todos los predios en las otras regiones objeto del despojo estatal, la producción rápidamente cayó a cero, los inventarios de semovientes y demás activos desaparecieron, la fauna y la flora toda fue depredada. El esfuerzo y la inversión de décadas de los propietarios privados se perdió por completo, descapitalizándose el campo venezolano enormemente.

Mientras esto sucede, el presupuesto de la agricultura se esfuma en burocracia, agrocréditos no recuperables, siembras y cosechas invisibles, obras y contratos inútiles, importaciones de alimentos, corrupción. Los funcionarios y sus agentes responsables de tan graves daños a los particulares como a la nación, actúan impunes escudados bajo la omnipotencia del Estado convertido en el primer y único terrateniente latifundista del país. Como auténticos depredadores agrarios y ambientales, causan inmensas pérdidas al patrimonio nacional al que ingresaron los predios estatizados, y del gasto e inversión pública realizada bajo su administración.

Por eso en la oportunidad del cambio trascendental que se vislumbra próximamente en Venezuela con el retorno pleno a la democracia, libertad y estado de derecho, junto con un plan de rescate, privatización y recuperación productiva de las tierras estatizadas que hoy en manos del Estado no producen nada, la Venezuela democrática por venir, derogará la oprobiosa Ley de Tierras y acometerá una Ley-Programa de Restituciones y Compensaciones Agrarias en justicia a los propietarios de predios despojados por el Estado. También procederá el establecimiento pleno de responsabilidades y encausamiento legal-judicial-penal de quienes funcionarios o no, causaren el terror, los despojos y la depredación agraria; del ambiente, de la flora y la fauna, y/o las ingentes pérdidas patrimoniales de la nación y la Hacienda pública. Es justicia, tal como solo pidió sin lograrla, el agricultor Franklin Brito, quién tras ser despojado abusivamente de su pequeña finca, dio su vida en huelga de hambre aun “hospitalizado” contra su voluntad por el Estado, para que no protestara así públicamente su atropello.

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