“Más y mejores maestros”: era este el lema que, en materia de educación, desplegaba el gobierno surgido tras la Revolución de octubre de 1945. Contar con maestros que percibiesen sueldos dignos y acordes al tamaño de su labor -base de la necesaria transformación educativa impulsada por el Estado Docente- lucía como premisa fundamental para el éxito de este inédito ensayo democrático. La ruptura con las decadentes estructuras que dejó el gomecismo demandaba, naturalmente, educar a un nuevo ciudadano para una nueva relación política. En ese sentido, ya se advertía que la democracia precisa de una pedagogía propia, de unas instituciones, unas “prácticas generalizadas” a decir de Durkheim, capaces de incidir en la construcción de identidades y pautas relacionales, en la autorrealización de los individuos y su autonomía, en la formación de hábitos para la participación y la cooperación, en la socialización de un lenguaje y una comunicación tan proclives a la libertad como a la responsabilidad. Educación como autopoieisis de la democracia, en fin, dinámica circular que asegura la incesante autocreación del sistema.

Así, amén de los miembros de las instituciones armadas, los maestros de escuelas serían “de los primeros en disfrutar de este necesario reajuste del ordenamiento de gastos de la Nación, que también comporta disminución de sueldos de ministros y otros altos personeros de la jerarquía administrativa”, según prometía Betancourt. Y en efecto: a partir del 24 de noviembre de 1945, la Junta Revolucionaria de Gobierno que operó como gobierno provisional ordenaba un aumento en los sueldos de los educadores que oscilaba entre el 61,8% y el 115%, según los casos.

La educación, en tanto vía para la toma de consciencia, como afirmaba el maestro Prieto Figueroa, es concebida entonces como derecho humano esencial y servicio público, como campo estratégico de acción del Estado Social y herramienta para la amplia inclusión de las mayorías. Esto, sin limitar la gestión privada en este campo y, por el contrario, incorporándola a un plan de Nación capaz de sintonizar intereses de todos los sectores. He allí los rasgos de esa escuela pública acariciada por la ilustración en el siglo XVIII y concretada en el XIX, luego del surgimiento de los Estados-Naciones; al servicio de cualquier ciudadano, gratuita, laica, universal y obligatoria, espacio civilizatorio por excelencia. Uno que delineado por la Constitución venezolana de 1947, pero especialmente desarrollado a partir de la aprobación de la Constitución de 1961, inscribe a nuestro país en la senda de la modernidad democrática del siglo XX. Historia plena de desafíos, con más luces que sombras, sin duda, y con hitos como la reforma educativa de 1997 que, enmarcada en el proceso de Reforma del Estado y de descentralización iniciado en 1989, promovía un salto cualitativo en este ámbito.

No podríamos asegurar que durante el último tramo del siglo XX todos estos objetivos se alcanzaron. Tampoco que la educación venezolana fue inmune a las dificultades, los socavones presupuestarios, las decisiones erráticas (como la eliminación de las escuelas técnicas y las Normales, para la formación de maestros) o el deterioro político, la deletérea crisis del modelo representativo. Pero sí cabe subrayar el preclaro interés de los líderes de la generación del 28 por hacerse de pertrechos para la construcción de una cultura cívica comprometida con la democracia. Algo lógico, si atendemos a una certeza: sólo un Estado democrático es capaz de promover una escuela cuya orientación tiene, necesariamente, que ser democrática. Eso porque, como hemos afirmado, de la socialización de tales valores y la definición del comportamiento político consecuente, dependerá su sostenibilidad y permanencia en el largo plazo.