Los últimos días las calles de varias ciudades del país se llenaron de manifestantes exigiendo aumentos salariales. Todos se han solidarizado con los educadores al frente de los reclamos, tanto por ser justos como por el respeto y afecto especial que a los maestros se profesa. El gobierno respondió con el pago de un bono de 580 bolívares para los educadores activos y de 405 bolívares para los jubilados.

Este bono no va a subsanar por sí solo la poca capacidad adquisitiva de los sueldos de los docentes. Tampoco será el último reclamo salarial. El alto costo de la vida será un tema recurrente y en la medida que se acerque el debate electoral irá adquiriendo mayor volumen. Sin embargo, este último desembolso por parte de un gobierno que carece de fondos ha requerido afilar el lápiz, sacar cuentas y tomar la decisión de hacer un anuncio con el que están obligados a cumplir y a dar continuidad. Ese bono seguramente formará parte del salario ordinario de los educadores en poco tiempo. Recordemos que los aguinaldos del pasado año 2022 se cancelaron en partes. Así como no había real hace tres meses, tampoco lo hay hoy. Ni lo habrá en el futuro inmediato si las cosas siguen por el mismo camino.

El bloqueo económico, salvo la licencia otorgada a Chevron, continúa por parte de los Estados Unidos y de los países de su órbita política. De los acuerdos de México del 26 de noviembre del pasado año 2022 nada se sabe. La recuperación de los primeros 3.000 millones de dólares se ha quedado en el tintero. Sin la pronta inyección de esas divisas al torrente financiero nacional la paridad entre el dólar y el bolívar seguirá al ritmo de una acelerada inflación y las protestas se harán frecuentes. Cuando los dólares de ese acuerdo mexicano aparezcan será de manera gradual, no completamente los 3.000 millones. Este escenario obliga a reaccionar con rapidez en los espacios y variables que están bajo control de Venezuela. Urge conformar un frente venezolanista, de todos los sectores, para exigir el inmediato cese del bloqueo. Los sectores políticos que ante Trump gestionaron la asfixia de la economía venezolana para agravar la crisis son hoy una rechazada minoría. Son los socios que a los Estados Unidos no le convienen si aspiran ampliar operaciones económicas en nuestro territorio.

Por otra parte, cada vez que se habla de un aumento de salarios para los empleados públicos el presupuesto nacional tiembla. Se trata de casi cuatro millones de trabajadores y alrededor de cuatro millones de pensionados. Para un país bloqueado y con un aparato productivo menguado, el debate sobre mejoras salariales para una nómina de ese tamaño es siempre optar por la parálisis en muchos otros programas. Urge por tanto transferir todos los servicios posibles al talento, la organización y los capitales privados. Con el actual modelo de Estado los maestros, médicos, enfermeras, policías, nunca tendrán un sueldo justo. El dinero que a ellos corresponde se va en empresas quebradas, que nada producen. No se puede seguir engavetando proyectos. No es hora de titubear. Hay que transferir a los particulares, a los ciudadanos, la mayor cantidad de servicios posibles para que esas necesidades sean satisfechas y para que el Estado pueda concentrar sus fondos en garantizar agua potable y luz eléctrica en todos los hogares, a la vez que sistemas de educación y de salud pública de excelencia que lleguen al más apartado rincón del país.

Hay que aumentar la producción, hacer que crezca la economía y que se multipliquen los ingresos en cada familia venezolana. Eso es imposible sin un agresivo programa crediticio. Hay que poner dinero en manos de los agricultores, industriales, artesanos, transportistas y comerciantes para que desarrollen sus proyectos y generen empleo y riquezas. Para ello hay que reactivar la banca, hoy moribunda con el encaje legal del 75%. Simplemente los bancos no tienen dinero para prestar. Sólo hacen negocios quienes los emprenden por su cuenta, con sus propios capitales. Ello trae como consecuencia que el tamaño de la economía venezolana sea minúsculo y que se esté empotrando en el sistema económico una clase privilegiada, aquella que no necesita de la banca para montar sus negocios. Una oligarquía de estos tiempos. Por eso es de vida o muerte para la economía y para la democracia bajar a la mínima expresión el encaje legal al que está obligada la banca.

Sin acometer esas urgencias arriba señaladas las próximas protestas salariales podrían ser conflictos terminales para la economía y para la inestable democracia venezolana.