La importancia del uso de tecnologías y la relevancia del acceso a internet se ha puesto de manifiesto en el mundo durante la pandemia, siendo las telecomunicaciones garantes de la continuidad de la educación, el empleo, la socialización, la telemedicina y la actividad económica en su conjunto.

La Internet, en este sentido, tiene un rol fundamental en la recuperación económica de los países latinoamericanos post COVID-19,la transformación digital es clave para maximizar sus beneficios y habilitará una región con más capacidad de adaptación ante los desafíos de los años venideros.

El desarrollo de la internet, la conectividad y la digitalización representan beneficios a todo nivel: a las industrias les significa mejoras en la productividad, acceso a los mercados nacionales e internacionales y la implementación de modelos de negocio innovadores, lo que favorece su crecimiento y desempeño. La presencia online asegura calidad y acceso. A las administraciones públicas las debería potenciar como organizaciones modernas, flexibles y ágiles, que favorezcan el crecimiento de las economías.

A su vez, a los habitantes de la región les mejora la calidad de vida. Lo digital abre oportunidades de empleo de calidad, incrementa la bancarización y el acceso a la educación y la salud. Todo esto bajo el claro principio de que las redes de telecomunicaciones son la base de la digitalización, por tanto, está en el mejor interés de todas las partes que éstas extiendan su cobertura y sirvan a la mayor cantidad de personas como sea posible.

Según el último reporte de las Tendencias digitales en la región de las Américas (UIT 2021), el 95.5 por ciento de la población cuenta con cobertura de al menos una red 3G, sin embargo, hay en las zonas urbanas un 25.6 por ciento de los habitantes que no utilizan la internet y esto se acentúa en la zona rural, donde este porcentaje asciende a 50.1 por ciento. La universalización del servicio de internet merece una reflexión pausada, que permita identificar cuál es la causa raíz de la persistencia de las brechas digitales y, de esta forma, instalar las políticas públicas y regulatorias que procuren su solución.

La acción pública deberá centrarse en la elaboración de agendas digitales transversales, que estén apropiadamente diseñadas y dirigidas desde el más alto nivel político, donde se coordinen y focalicen los esfuerzos en acciones concretas que permitan: eliminar las normativas que sean inconsistentes con el objetivo de universalizar el servicio (atomización de trámites, altos impuestos específicos al servicio y terminales, altos costos de espectro), procurar con transparencia las alianzas público-privadas que permita llevar conectividad a las zonas más alejadas, de difícil acceso y con baja densidad poblacional, garantizar que las poblaciones identificadas en condición de vulnerabilidad puedan acceder al servicio y desarrollar las habilidades digitales tanto para las nuevas generaciones como para la reconversión de la fuerza laboral actual.

En estas agendas especial mención merecen los fondos de servicio universal (FSU), financiados por los operadores de servicios de telecomunicaciones, que deberían destinarse precisamente a garantizar el acceso a servicios TIC a través de subsidios a la oferta, allá donde el mercado no llega por sí mismo; y a la demanda, para las personas que no pueden afrontar el costo de la conectividad.

Cabe señalar que un reciente estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre los Fondos de Servicio Universal en la región, señala que únicamente el 19 por ciento de los FSU en la región subsidian a la demanda. Se requiere avanzar en el uso efectivo de estos recursos, que, a lo largo del tiempo, lamentablemente, han sido utilizados para cubrir huecos fiscales o bien en proyectos con poca proyección o sin sentido de generación de mercado que dejan de lado la sostenibilidad y efectividad de las soluciones.

Los operadores del mercado, por su parte, cuentan con poderosas propuestas de valor para acortar la brecha digital, que están promoviendo el acceso y la mejora de la conectividad, así como la apropiación y uso de las TIC. Por ejemplo, en Perú, Internet para todos, una iniciativa de Telefónica, Facebook, CAF y el BID, ya superó las 2 millones de personas conectadas en zonas rurales.

Por su parte, Claro por Colombia, el programa de sostenibilidad de la compañía América Móvil, en su filial de Colombia, que trabaja con comunidades locales generando más oportunidades de acceso y conectividad a los ciudadanos. Otra iniciativa es Digit@alerts, un programa de formación gratuito de Telecom Argentina para jóvenes con vocación digital, destinado a capacitaciones que les permiten su inserción en el mercado laboral de tecnología.

En Ecuador, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) trabaja en el proyecto Conectando Comunidades, que tiene como objetivo dotar conectividad wifi a zonas rurales y alejadas. A su vez, la compañía de satélites, Hispasat, promueve la conectividad en zonas alejadas y de difícil acceso para favorecer la teleeducación. Educatigo, una iniciativa de Tigo (del grupo Millicom) en Bolivia, un proyecto que busca apoyar la formación educativa desde la televisión, en su canal guía de 8:00 a 20:00 publican contenidos, en su totalidad educativos.

Por último, AT&T Foundry en México organizó la iniciativa 30 segundos por México, que busca generar propuestas innovadoras que contribuyan a crear ciudades inclusivas. En Paraguay, la iniciativa COPACO y VOX con la Gente habilita, en varios hospitales, el servicio de Internet con wifi gratuito, en apoyo a la ciudadanía para facilitar los medios de comunicaciones a los familiares durante la pandemia mundial.

En fin, es momento de tomar decisiones por parte de los Estados y comprometerse totalmente en generar las mejores condiciones posibles para potenciar los beneficios de la digitalización y extenderlos a todos los habitantes de sus territorios.

@el54r