INGRID NAVARRO
Caracas.- La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), adscrita a Sudeban, se prepara para la cuarta ronda de evaluación mutua que realizará el Grupo de Acción Financiera del Caribe (Gafic) donde se valorará la efectividad del sistema anti legitimación de capitales o como se conoce contra lavado de activos o de dinero.
La información fue suministrada por Simón Rangel, gerente de la citada instancia de Sudeban quien precisó que Venezuela ha estado sometida a tres evaluaciones previas y ha hecho una serie de gestiones, entre las cuales figuraron, adecuaciones en sus regulaciones y en sus estructuras estadales para salir de la lista gris.
“En aquel momento nos evaluaron técnicamente para determinar si las regulaciones se adecuaban a los estándares internacionales y efectivamente se logró salir de la lista”, puntualizó el vocero.
Consultado con respecto a los avances que se han dado en el área precisó que se creó la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft), como ente rector en las políticas en esta materia, se promulgaron leyes como la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo “y se siguen adecuando los instrumentos legales para que la coordinación nacional sea eficiente”, añadió.
Destacó que en mayo de este año se iniciará formalmente el proceso preparatorio para la evaluación y posteriormente se harán una serie de negociaciones con el Gafic para que el Estado reciba el cuestionario a mediados de noviembre. El instrumento debe ser respondido de manera mancomunada por todos los sujetos y entes de control establecidos en la Ley, para que en febrero de 2019 se remita al Gafic y el país se empiece los preparativos para la visita in situ que se estima sea el segundo semestre de 2019.
En el proceso el país tendrá que demostrar que está cumpliendo con las 40 normas de la Gafic de manera efectiva. Previo a ese proceso habrá una reunión de Alto Nivel organizada por la Oncdoft para sensibilizar a todos los sujetos obligados y a los órganos del Estado que tienen que participar en el proceso