Nota de prensa.- El presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas, La Cámara de Caracas, Leonardo Palacios fijó posición ante la Reforma de la Ley para Registros y Notarías, cuya aprobación fue hecha sin dar cumplimiento a la consulta pública prevista en el artículo 211 de la Constitución, expresando que en defensa de la propiedad y la libertad económica desde la institución se plantea que debe iniciarse una urgente una reforma de la recién aprobado.
Uno de los principales cambios en esta ley, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.668 de fecha 16 de diciembre de 2021, es que las tasas de Registros y Notarías serán sobre la base del cripto activo denominado «Petro». Esta medida no solo trae confusión en torno a cómo deben ser calculadas, sino que además a partir de una magnitud inconstitucional –acusado por importantes juristas y Corporaciones Académicas- acarrea incrementos elevadísimos y, por tanto, irracionales.
El gobierno, expresa Palacios, intensifica la determinación y pago de tributos con el «Petro», sustituyendo la Unidad Tributaria (UT) lo cual supone una dolarización encubierta de la economía.
Si el Ejecutivo Nacional y la Asamblea Nacional son sinceros y coherentes en cuanto al deseo de atracción de la inversiones nacional y extrajera, la reactivación y recuperación económica, deben en ejercicio de la iniciativa de ley constitucionalmente atribuida, proceder en un término perentorio a la presentación de un Proyecto de Ley de Reforma parcial de la Ley de Registros y Notarías, que:
1. Contemple formas expeditas registrales y notariales.
2. Reducción de la discrecionalidad que genera corruptelas, retardos y costos transaccionales paralelos.
3. Disminución y sinceración de las magnitudes y alícuotas de determinación de impuestos y tasas, como por ejemplo del impuesto a las transacciones inmobiliarias que fue elevado de 0,6 a 2 en el último tramo de las los derechos de terceros.
4. Definir una carrera administrativa registral y notarial para evitar la improvisación, la piratería y el deterioro de esta importante función del Estado.
“La seguridad jurídica y la racionalidad de la tributación son valores esenciales de un sistema tributario democrático, evitando formas de exacción que hacen ilusorio el ejercicio de derechos fundamentales del ciudadano y de las empresas.”, recalca Palacios.
El presidente de esta instancia empresarial y ex presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario insta a los órganos del Poder Público a evitar la consumación de la violación al derecho a una buena administración, cercenando los derecho de todos lo venezolanos y alentando a formas de actuación funcionarial anómicas que atentan contra el propio Estado, al afectar su capacidad recaudatoria.
“Una ley simple, transparente, con tributos racionales y exigencias de formación y experiencia funcionarial, un proceso de discusión abierta con todos los sectores económicos involucrados Colegio Abogados asegura la ganancia de todos- el Estado y los particulares- se reactiva la económica y se establecen bases ancladas en la seguridad jurídica, es el objetivo común y perseguido por todos”, concluye Palacios
Uno de los principales cambios en esta ley, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.668 de fecha 16 de diciembre de 2021, es que las tasas de Registros y Notarías serán sobre la base del cripto activo denominado «Petro». Esta medida no solo trae confusión en torno a cómo deben ser calculadas, sino que además a partir de una magnitud inconstitucional –acusado por importantes juristas y Corporaciones Académicas- acarrea incrementos elevadísimos y, por tanto, irracionales.
El gobierno, expresa Palacios, intensifica la determinación y pago de tributos con el «Petro», sustituyendo la Unidad Tributaria (UT) lo cual supone una dolarización encubierta de la economía.
Leonardo Palacios, presidente de la Cámara de Caracas, exige observancia del derecho de propiedad, del ejercicio de la libertad de actividad económica, para lo cual se requiere de formas expeditas y reducción de abierta discrecionalidad para evitar expresiones impropias de la función registral que sean caldo de cultivo de prácticas contrarias a los principios constitucionales, que rigen la Administración Pública. El respeto al derecho fundamental a una buena Administración Pública o derecho al buen gobierno, exige formas no engorrosas registrales para garantizar el derecho de propiedad frente a agentes económicos privados y frente al propio Estado en cualquiera de sus manifestaciones.
Si el Ejecutivo Nacional y la Asamblea Nacional son sinceros y coherentes en cuanto al deseo de atracción de la inversiones nacional y extrajera, la reactivación y recuperación económica, deben en ejercicio de la iniciativa de ley constitucionalmente atribuida, proceder en un término perentorio a la presentación de un Proyecto de Ley de Reforma parcial de la Ley de Registros y Notarías, que:
1. Contemple formas expeditas registrales y notariales.
2. Reducción de la discrecionalidad que genera corruptelas, retardos y costos transaccionales paralelos.
3. Disminución y sinceración de las magnitudes y alícuotas de determinación de impuestos y tasas, como por ejemplo del impuesto a las transacciones inmobiliarias que fue elevado de 0,6 a 2 en el último tramo de las los derechos de terceros.
4. Definir una carrera administrativa registral y notarial para evitar la improvisación, la piratería y el deterioro de esta importante función del Estado.
“La seguridad jurídica y la racionalidad de la tributación son valores esenciales de un sistema tributario democrático, evitando formas de exacción que hacen ilusorio el ejercicio de derechos fundamentales del ciudadano y de las empresas.”, recalca Palacios.
El presidente de esta instancia empresarial y ex presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario insta a los órganos del Poder Público a evitar la consumación de la violación al derecho a una buena administración, cercenando los derecho de todos lo venezolanos y alentando a formas de actuación funcionarial anómicas que atentan contra el propio Estado, al afectar su capacidad recaudatoria.
“Una ley simple, transparente, con tributos racionales y exigencias de formación y experiencia funcionarial, un proceso de discusión abierta con todos los sectores económicos involucrados Colegio Abogados asegura la ganancia de todos- el Estado y los particulares- se reactiva la económica y se establecen bases ancladas en la seguridad jurídica, es el objetivo común y perseguido por todos”, concluye Palacios
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