La anterior premisa expresada de manera coloquial, se traduce en “Si todo sale bien es gracias a Dios o la robustez del individuo; si algo sale mal es culpa del médico tratante”. Este concepto no es exclusivo de pacientes y dolientes; además constituye una línea de acción dibujada de manera nítida por los gobiernos populistas que cada día se hacen más numerosos en países otrora en vías de desarrollo, actualmente en franca degradación de tercer mundo a cuarto o quinto mundismo con respecto a los niveles de subdesarrollo. Culpar a otros de la propia ineficiencia, impericia en el manejo de la cosa pública y negligencia en el desempeño administrativo, es una práctica antiquísima que data de tiempos inmemoriales, si se quiere desde que el hombre es historiable.

¿Cuánto tiempo hace que alguien que asume funciones de gobierno no culpa al anterior de sus fracasos iniciales? Se supone que quien aspira un cargo de conducción política conoce los problemas, dificultades y carencias que debe enfrentar; por tanto, se oferta en el mercado electoral con un plan de acción factible, operativo y coherente para cambiar las estructuras deficientes y transformar la realidad presente en un escenario distinto, donde las fallas“heredadas” no sigan ocupando una parcela de justificación a la falta de tino, en políticas aplicadas con intención de transformaciones que esperan sus electores. La culpa del predecesor tiene resonancia y cierto grado de aceptación en los dos primeros años de gestión, siempre y cuando al término del primer semestre de observen visos de correctivos, o al menos se visualicen perspectivas de buen hacer con acciones objetivas.

El problema para quienes se especializan en el culpismo, es cuando su acción se prolonga en el tiempo. Luego de dos años, la culpa no puede ser del anterior, surgen entonces otros blancos que van desde acciones de la naturaleza: clima, flora y fauna, calentamiento global, e incluso a quienes son voceros de la falencia; convirtiendo al mensaje en objeto conspirativo y al mensajero en sujeto de delito y reo de la justicia.

Venezuela experimenta una extraña forma de afrontar ingentes problemas de salud pública poblacional. El enfoque estratégico para enfrentar la crisis se basa en la judicialización de los trabajadores de la salud. Estamos convencidos de que el estado garante del orden interno, tiene la obligación de sancionar (mediante procedimientos establecidos en la Constitución y las Leyes), a quienes hagan de las necesidades de los más humildes un negocio o empresa para beneficios personales. Quien sustrae bienes de una institución del estado, (especialmente escuelas y estructuras sanitarias), merece sanciones ejemplares; pero debería aplicarse con igual fuerza a funcionarios de otros órganos que dejen sus cargos de elección popular. Nuestra crítica se orienta a la penalización a quienes solicitan insumos o elementos de salvamento para atender a pacientes en centros de atención en salud en abandono casi absoluto por parte de los órganos diferenciados de poder.

El personal sanitario formado por décadas en nuestras universidades autónomas, tiene la preparación, mística y vocación de servicio a toda prueba; más, para que la naturaleza haga el efecto terapéutico en los pacientes, a fin de que “su robustez” le favorezca en la recuperación necesaria, requiere de productos químicos, drogas que interactúen con los receptores celulares, antisépticos, material médico quirúrgico, etc.; dado que la imposición de manos y las curaciones milagrosas mediante sortilegios, aún siguen considerándose mitos o cábalas en el insondable mundo de la imaginación y la ilusión mágico-religiosa.

Convertir en reo de delito a quien no cuenta con instrumentos de trabajo, y debe solicitarlo a la persona interesada o sus representantes, impone un dilema en quien debe enfrentar diariamente de manera frontal, en los centros prestadores de atención los requerimientos de una población desvalida, empobrecida, que no cuenta con los recursos financieros para acudir a centros privados; empresas estas, que cada día se aproximan más a mercaderes de la enfermedad y la banalidad estética, bajo la denominación de “empresarios de la salud”.

Para los egresados de universidades autónomas (y se algunas experimentales, no sé si todas); existe la obligación previo al inicio del ejercicio profesional en el campo médico, de comprometer su conducta y desempeño a las pautas milenarias inscritas en el JURAMENTO HIPOCRÁTICO, en Venezuela adaptado por Luis Razetti. Hoy día se corre el riesgo de obviar tal compromiso mediante la inacción; ser testigos pasivos de que la enfermedad comprometa la seguridad y la vida, mientras se observa con justificado temor la espada de Damocles que pende sobre su cabeza. Quienes tienen el poder político tienen el deber de reflexionar y la ciudadanía venezolana el derecho a conocer la verdad.

pedroarcila13@gmail.com