Los venezolanos enfrentamos situaciones difíciles. Los salarios alcanzan para muy poco. En hospitales, ambulatorios y dispensarios no hay nada. El agua llega racionada a casi todas partes. Los apagones son rutinarios y en muchas regiones la luz se va dos y tres veces al día. El transporte colectivo está en extinción y el gas doméstico llega cuando le da la gana. Lo de la gasolina sigue sin resolverse. Con los reclamos salariales dejaron de funcionar escuelas y liceos. Bandas y pranes siguen haciendo de las suyas, a pesar de los muchos cuerpos policiales y militares. La gente le teme a los Registros, donde poner al día un inmueble puede valer más que la propia casa o local. En los organismos públicos dejaron de trabajar siete horas diarias hace muchísimo tiempo. La mayoría lo hace medio día. Así está el país, a merced de planes erráticos y una conducción de poca capacidad de autocrítica. Revisar programas, evaluar divisiones, direcciones y departamentos, reforzar las instituciones profesionalizándolas, emprender grandes rectificaciones es un camino sabio que el sectarismo político y el desinterés de algunos no tienen derecho a negarnos.

Necesitamos de una evaluación consciente y crítica que sustituya la gerencia pública clientelar. Urge concentrarnos en grandes prioridades como la salud, la educación, la infraestructura, la seguridad, el desarrollo científico y tecnológico, la protección del ambiente. Tenemos cuarenta y tres ministerios que conforman el Gabinete Ejecutivo, centenares de empresas del Estado que nada producen y decenas de fundaciones que chupan del presupuesto que debería privilegiar la dotación de los centros de salud que carecen de insumos y la dignificación de los sueldos de educadores y del personal de salud. Dinero para esas prioridades hay, pero está regado en esa telaraña de organismos al que antes aludimos y en obligaciones que el Estado no puede seguir asumiendo a costa de una digna remuneración para los maestros y de la dotación de los hospitales. Esas revisiones y correctivos hay que emprenderlos hoy. Cada día que pasa la lesión al país se agrava y el tratamiento será más costoso y doloroso.

Esos cambios no pueden esperar. El gobierno está obligado a analizar con franqueza la urgencia de esas decisiones con su propio partido y a intercambios y consultas con sectores gremiales, sindicales, empresariales y políticos para eliminar programas y procedimientos que no están dando resultados. Es su responsabilidad crear el clima político de entendimiento para recibir los respaldos que esos cambios necesitan y merecen. Quienes hemos presentado críticas, denuncias y propuestas hemos de estar prestos a respaldar cuantas iniciativas sean necesarias para que la terrible situación que denunciamos sea solventada. Ese encuentro alrededor del interés nacional no admite dilación. Ninguna razón existe para que el gobierno se niegue a mejorar lo que evidentemente funciona mal, como tampoco hay argumentos para negarle apoyo a cambios que hemos venido reclamando.

Hay que actuar con celeridad en este momento cuando la calidad de vida está tan comprometida. Así como el gobierno debe ser autocrítico, también otros sectores deben serlo y abandonar la estrategia de agravar la crisis. Las crisis son para resolverlas, no para agravarlas. El haber actuado juntamente con una potencia extranjera para imponernos un bloqueo económico y reclamar que esas sanciones se arrecien y se multipliquen lesiona seriamente nuestro país. A Venezuela se le ha negado la libertad de comercio. Nos han secuestrado bienes y empresas, al igual que nos cierran las puertas del financiamiento por organismos multilaterales. Se ha privado al país de cuantiosos ingresos que se requieren para atender los justos reclamos salariales y para reponer servicios que a diario denunciamos como pésimos o inexistentes. El daño causado por el bloqueo ha sido de grandes magnitudes, tan severo como el de las políticas equivocadas y la mala administración que antes de esas sanciones destruyeron la industria, la agricultura, la producción petrolera y las refinerías. Los errores cometidos por el gobierno a lo largo de su gestión no excusan el criminal bloqueo económico que todo lo ha empeorado y ha puesto al país en estado de indefensión. Empeñarse en negar ese hecho es de la misma ceguera y fanatismo que atribuir toda la crisis a ese bloqueo.

Estamos obligados a acuerdos y unidad para corregir rumbos. Urgimos de esos dos cambios. Necesitamos dirigentes del PSUV con autocrítica y franqueza para asumir ya, en esta hora histórica, reorientaciones programáticas y administrativas en el gobierno para superar el deterioro del país. Como necesario es que sectores de oposición que dejaron atrás el abstencionismo y la violencia, que tantas frustraciones y daño causaron, abandonen ahora y denuncien ante el mundo el criminal bloqueo que golpea tan gravemente a Venezuela. Esas dos acciones políticas, de grupos diferentes, serán altamente valoradas por un país que necesita salir adelante sin tardanza.

Para avanzar en ello no hay que transitar una larga campaña electoral de casi dos años ni esperar que se instale un nuevo gobierno, lo que no ocurrirá sino hasta el año 2025. No es justo con Venezuela esperar más por estos dos grandes cambios. Sólo falta sinceridad y coraje.

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