A pesar de los avances tecnológicos, la humanidad confronta problemas tradicionales, pero con una mayor intensidad. Las migraciones, el deterioro ambiental, la violación exponencial de los derechos humanos, entre otros y abundantes casos, se convierten en sitios neurálgicos para los gobiernos y para la gente, que en muchos casos no pueden evitar que se los lleva la corriente.

Esto ha dado lugar a una importante discusión sobre las políticas públicas. El enfoque que en cuestión predominó en los estudios sobre los gobiernos, tanto a nivel nacional como a nivel local, fue el de la lógica de los acontecimientos sucesivos. Se trataba entonces de formular, implementar y evaluar una determinada política.

Pronto, los investigadores y especialistas en estos temas afirmaron que la cosa no era tan fácil. En verdad los pasos aludidos podían intercambiarse y la generación de intereses particulares, entre ellos la corrupción, el clientelismo y las propias percepciones y compromisos sobre un caso desviaban la planificación de un proceder y lo convertían en muchas ocasiones en un nuevo fracaso.

Los estudios sobre el desarrollo y las consideraciones de lo que entonces se llamó con un cierto desprecio, “el atraso económico” fueron aportando nuevas ideas sobre las políticas públicas. Quizás la contribución mayor sobre todo esto fue la de considerar la implementación como un lugar lleno de presiones, y desviaciones que llevaron a muchos de esos proyectos a la dimensión desconocida.

Ese complejo mundo fue dando vueltas y comenzó a rodar permanentemente. Ahora. aparece así la simbiosis entre las políticas públicas y los intereses particulares y por lo tanto, la metáfora de la carretera en medio de una ruta ilustra las actuales circunstancias. “Una autopista debe pasar por un terreno de alguien quien favorece al que construye la vía ganando de igual manera”.

En este contexto, una idea diferente estriba en la necesidad de la participación ciudadana. Si aceptamos que el enfoque de las políticas públicas era un circuito cerrado y que ya pasó de moda, ahora es un diálogo abierto entre el funcionario y la función contralora de la sociedad civil y de las propias instituciones encargadas de la fiscalización y del devenir de la función públicas quienes deben trabajar en conjunto.

Para muchos esto debe verse como un sueño. Pero la práctica de la democracia no es sólo el juego electoral. También la gobernabilidad es un concepto muy ligado a la libertad y esa libertad debe estar relacionado por los fundamentos del Estado de derecho, tal como se ha practicado en varios países. Lo cierto es que se ha dado recientemente un retroceso democrático, pero no por ello todos deben pagar la deuda por igual.

En suma, el déficit democrático no puede verse tan sólo desde la perspectiva electoral. Lo más pesado y difícil de supervisar es la gestión administrativa. Por ello, quienes gestionan políticas públicas deben aprender a vivir una nueva realidad: más factible, más controlada, menos corrupta y más participativa.

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