Donald Trump no perdió solo las elecciones del 3 de noviembre. Perdió también la inmunidad. La Constitución de Estados Unidos, que detalla cómo el Congreso puede destituir a un presidente “por delitos y faltas graves” a través del proceso del impeachment, guarda silencio sobre si puede someterse a enjuiciamiento penal en los tribunales. Pero, desde hace décadas, el Departamento de Justicia sigue la doctrina, expresada en dos memorandos vinculantes de 1973 y 2000, de que un presidente en activo no puede ser procesado. Abandonada la Casa Blanca, la protección desaparece. Procesar a un expresidente sería un paso sin precedentes en Estados Unidos. Pero el juicio en el Senado por incitación a la insurrección, después de que la Cámara de Representantes aprobara esta semana el impeachment del presidente, es solo uno de los problemas legales que esperan al ciudadano Donald Trump. Estos son las principales casos e investigaciones abiertas en torno a quien esta semana se convertirá en expresidente:

Fraude fiscal en el Estado de Nueva York. La principal nube en el horizonte judicial de Donald Trump la coloca Cyrus Vance, fiscal de distrito de Manhattan. Las pesquisas que lleva a cabo desde hace dos años constituyen la única investigación penal abierta hoy por hoy sobre Donald Trump. Al ser el fiscal un cargo electo estatal, no federal, el caso no depende de la voluntad política de la próxima Administración ni estaría afectado por un eventual autoperdón presidencial. La investigación lleva atascada desde el pasado mes de septiembre, cuando el presidente pleiteó para bloquear un requerimiento de sus declaraciones fiscales y otros documentos, litigio sobre el que debe pronunciarse el Tribunal Supremo próximamente. Poco se sabe de las pesquisas de la Fiscalía, pues están protegidas por el secreto del procedimiento del gran jurado. Pero, en la documentación de la batalla por la obtención de las declaraciones fiscales de Trump, el equipo de Vance habló de “una amplia y prolongada conducta criminal en la Organización Trump” y sugirió que investiga diversos potenciales delitos financieros, desde fraude de seguro hasta evasión de impuestos, pasando por fraude bancario.

Incitación a la insurrección. Después de que el pasado 6 de enero hordas de sus seguidores asaltaran el Capitolio de Estados Unidos, la Cámara de Representantes ha aprobado esta semana el segundo ‘impeachment’ de Donald Trump, por “incitación a la insurrección”. Próximamente se habrá de celebrar en el Senado el juicio. Aunque tendrá lugar con toda probabilidad cuando ya Biden ocupe la Casa Blanca, un veredicto condenatorio, que requiere el voto a favor de dos tercios de la cámara, podría dar lugar a una segunda votación (esta vez valdría con una mayoría simple) para prohibirle a Trump presentarse a un cargo federal electo en el futuro. Al margen del proceso en el Congreso, incitar a la insurrección constituye un delito federal. Pero del Departamento de Justicia debería abrir una causa separada para perseguirlo.

Obstrucción a la justicia. El fiscal especial Robert Mueller, tras dos años de pesquisas sobre la trama rusa que concluyeron en marzo de 2019, no halló pruebas de conspiración de Donald Trump con Rusia, pero evitó exonerarlo del delito de obstrucción a la justicia. Detalló numerosos episodios que, según dijo un fiscal de su equipo, constituyen “pruebas suficientes” de que Trump obstruyó a la justicia. Pero acusar a Trump “no era una opción”, explicó Mueller, pues no se puede imputar a un presidente mientras está en el cargo. Una vez fuera de la Casa Blanca, el Departamento de Justicia podría decidir resucitar la investigación y procesar a Trump, lo que desataría un auténtico terremoto político.

Financiación ilegal de campaña. Durante la primera campaña presidencial de Trump, sacudida por las grabaciones en que el candidato se jactaba de agarrar a las mujeres por los genitales sin su consentimiento, su exabogado y conseguidor Michael Cohen organizó una trama para desviar dinero de la campaña y comprar con él el silencio de una actriz porno y una modelo de Playboy que aseguraban haber mantenido relaciones sexuales con el candidato. Cohen fue condenado en 2018 a más de tres años de cárcel por financiación ilegal de campaña, y aseguró que fue el hoy presidente saliente quien ordenó los pagos. La Fiscalía no acusó a Trump, probablemente en cumplimiento de la mencionada doctrina del Departamento de Justicia, pero podría hacerlo cuando abandone la presidencia. Uno de los factores que debilitan la acusación es la cuando menos discutible credibilidad del principal testigo, el propio Cohen.

Fraude fiscal federal. Casi oculta hoy bajo la sucesión de acontecimientos históricos que ha marcado los últimos meses la política estadounidense, The New York Times soltó el 27 de septiembre una auténtica bomba informativa en la campaña: Donald Trump pagó solo 750 dólares de impuesto de la renta en 2016, año en que fue elegido presidente, y no pagó nada en 10 de los últimos 15 ejercicios. Entre el torrente de información revelada por el diario, tras acceder a registros fiscales de dos décadas, hay llamativas desgravaciones, como 70.000 dólares por sus propios gastos de peluquería en su programa de televisión o millonarios y turbios pagos en concepto de consultoría, algunos de los cuales fueron a parar a su hija Ivanka. Si los fiscales estiman que deliberadamente trató de defraudar al Estado, podrían presentar cargos contra Trump, y también la autoridad fiscal le podría reclamar cantidades que considere que debió pagar y no pagó.

Fraude inmobiliario. Hay otra investigación abierta, en la Fiscalía general del Estado de Nueva York que dirige Letitia James, sobre si la compañía familiar de Trump mintió sobre la valoración de sus bienes inmobiliarios para asegurar préstamos o beneficios fiscales. La investigación, por el momento, es de naturaleza civil, pero James podría cambiarla a penal en cualquier momento si detecta evidencias de conducta delictiva.

Violación de la cláusula sobre emolumentos. Hay tres demandas presentadas contra Trump, dos por congresistas y fiscales generales demócratas y una por un colectivo independiente, por supuesta violación de la llamada cláusula de los emolumentos de la Constitución. Esta prohíbe al presidente recibir regalos de Gobiernos extranjeros, algo que consideran que el presidente hizo al aceptar el dinero que autoridades de Arabia Saudí y otros países se han gastado en reservas del hotel Trump de Washington, convertido en centro de poder desde su llegada a la capital. Pero se trata de demandas que perseguían principalmente la desvinculación del presidente de sus negocios privados y, una vez fuera del cargo, es probable que sean desestimadas.

Demanda de fraude interpuesta por su sobrina. La psicóloga Mary Trump, hija del fallecido hermano mayor del presidente, ha sido una feroz crítica de su tío, a quien define como “el hombre más peligroso del mundo” en su libro Siempre demasiado y nunca suficiente (Urano), superventas que retrata la familia tóxica de la que surgió el 45º presidente. La autora demandó en septiembre a su tío por conspirar con sus hermanos para estafarla, utilizando documentos falsos y otras artimañas para ocultarle millones de dólares de la herencia del padre del presidente. Este asegura que Mary Trump ha violado una cláusula de confidencialidad que firmó cundo aceptó el acuerdo sobre el testamento.

Demanda de difamación de Jean Carroll. Escritora y popular columnista, Carroll relató en un adelanto de un libro, publicado en la revista New York en junio de 2019, cómo el hoy presidente supuestamente la violó en unos grandes almacenes de Manhattan a mediados de los años noventa. Trump respondió que Carroll mentía, que él ni la conocía y que ella no era su “tipo”. Carroll le demandó entonces por difamación. El Departamento de Estado ha tratado de neutralizar la demanda, alegando que sus comentarios fueron parte de su trabajo como presidente y proponiendo, por tanto, que el Gobierno sustituya a Trump como acusado. Lo que produciría la desestimación de la demanda, ya que el Gobierno no puede ser acusado de difamación. Un juez federal debe pronunciarse próximamente sobre la propuesta de sustitución.

Demanda de difamación de Summer Zervos. Concursante del programa de televisión de Trump, The Apprentice, Zervos aseguró poco antes de las elecciones de 2016 que el hoy presidente saliente la besó y manoseó cuando ella fue a pedirle consejo sobre su carrera en 2007. Trump negó la acusación y llamó a Zervos mentirosa, lo que llevó a eta a demandarlo por difamación en 2017.