Las “nacionalizaciones” son un propósito equivocado. Con humildad decimos que al menos en Venezuela eso es así. Aquí, de ese desvarío, de ese mareo, sólo se alimentan dos grupos: los que, a punta de patrioterismo, le sacan beneficio político a la cosa, y los vivos, los que le sacan plata. Hay un viejo dicho según el cual el mejor negocio del mundo es una empresa petrolera bien administrada y el segundo una que no lo sea; por eso en el caso de la industria petrolera nacional la impertinencia de su “nacionalización” tardó en hacerse evidente.
En 1975, el gobierno de entonces -el Ejecutivo y el Parlamento- optó por “nacionalizar” (en realidad: estatizar) nuestra industria petrolera. Uno de los primeros artículos de la ley dictada al efecto, soberbiamente declaraba que el Estado se reservaba todas las actividades de esa industria. Algún iluminado le advirtió que ese extremo era inalcanzable y, entonces, agregaron el famoso artículo 5, que preveía que podía darse uno que otro contrato, para comprar a particulares algunos servicios que requiriesen singular experticia; así se navegó hasta que pocos años después la realidad se nos impuso y, entonces, mediante una serie de elaboraciones sobre la base del citado articulo 5 de la Ley, se le dio entrada a capitales privados; y así anduvimos, con aquello de “la apertura”, hasta que, en 2006, el irresponsable de Rafael Ramírez -el de la Pdvsa roja rojita- la denunció como una traición a la “nacionalización” y llevó al Parlamento una ley más necia que la de 1975. Pero hay que estar claros: Ramírez no es más que el episodio final, perfectamente anticipable en 1975.
Cerrando el 2019, escuchamos al diputado Paravicini (PSUV) reconociendo que Pdvsa es un monstruo de improductividad y corrupción; y, en efecto, el gobierno actual, navegando entre oleajes ideológicos y malabarismos semánticos, está por recurrir a particulares, nacionales y extranjeros, para que la explotación industrial y comercial de la inmensa reserva petrolera que tiene Venezuela haga el aporte que está llamada a hacer a la economía del país y se convierta en factor de bienestar y progreso para los venezolanos ¿Sólo Pdvsa? En realidad, el Estado venezolano es incapaz de gestionar cualquier negocio. Ojalá que ese despertar deje en nosotros ideas permanentes.
SANTINUNEZ@Yahoo.com
En 1975, el gobierno de entonces -el Ejecutivo y el Parlamento- optó por “nacionalizar” (en realidad: estatizar) nuestra industria petrolera. Uno de los primeros artículos de la ley dictada al efecto, soberbiamente declaraba que el Estado se reservaba todas las actividades de esa industria. Algún iluminado le advirtió que ese extremo era inalcanzable y, entonces, agregaron el famoso artículo 5, que preveía que podía darse uno que otro contrato, para comprar a particulares algunos servicios que requiriesen singular experticia; así se navegó hasta que pocos años después la realidad se nos impuso y, entonces, mediante una serie de elaboraciones sobre la base del citado articulo 5 de la Ley, se le dio entrada a capitales privados; y así anduvimos, con aquello de “la apertura”, hasta que, en 2006, el irresponsable de Rafael Ramírez -el de la Pdvsa roja rojita- la denunció como una traición a la “nacionalización” y llevó al Parlamento una ley más necia que la de 1975. Pero hay que estar claros: Ramírez no es más que el episodio final, perfectamente anticipable en 1975.
Cerrando el 2019, escuchamos al diputado Paravicini (PSUV) reconociendo que Pdvsa es un monstruo de improductividad y corrupción; y, en efecto, el gobierno actual, navegando entre oleajes ideológicos y malabarismos semánticos, está por recurrir a particulares, nacionales y extranjeros, para que la explotación industrial y comercial de la inmensa reserva petrolera que tiene Venezuela haga el aporte que está llamada a hacer a la economía del país y se convierta en factor de bienestar y progreso para los venezolanos ¿Sólo Pdvsa? En realidad, el Estado venezolano es incapaz de gestionar cualquier negocio. Ojalá que ese despertar deje en nosotros ideas permanentes.
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