Hoy como en 1811 Venezuela necesita, y tiene toda la justificación moral para lograr “el triunfo de la libertad sobre el despotismo”, para decirlo en palabras del prócer civil Juan Germán Roscio.
Para quienes en el mundo y en el país tenían duda de que Venezuela se muere bajo un régimen tiránico y agresor de la dignidad humana de millones de venezolanos, el asesinato por tortura del capitán Acosta Arévalo y la destrucción de los ojos del joven Rufo por el simple hecho de reclamar algo tan justo como el servicio de gas doméstico, dejó en evidencia la naturaleza criminal del gobierno que padecemos. El asesinato no fue un accidente imputable a excesos de dos funcionarios en el cumplimiento de su deber, sino la consecuencia de un sistema ordenado por la tiranía para perpetuarse contra la manifiesta voluntad del pueblo de vivir con dignidad y en libertad; sistema que criminaliza y persigue a todo opositor activo, no importa que sea civil o militar, ciudadano de a pie o diputado con inmunidad parlamentaria. Apresarlos sin orden judicial, saquear sus casas, incomunicarlos de sus familiares y abogados, imputarles públicamente crímenes para luego bajo tortura obligarlos a “confesar”. Ayer Albán y hoy Acosta Arévalo, entre otros muchos, ponen en evidencia esta criminal persecución política.
Con loable prontitud la Comisión de Justicia y Paz de nuestra Conferencia Episcopal denunció sin rodeos este sistemático atropello de la tiranía, del que Acosta Arévalo y el joven Rufo Chacón no son sino una pequeña muestra:
“El Estado Venezolano es responsable. No consentiremos la manipulación, el disimulo y la atenuación de estos graves hechos. Es nuestro compromiso como Iglesia, que ve en el rostro sufriente de los familiares y de las víctimas el dolor de nuestro Señor Jesucristo. Estas dos víctimas hoy representan los gritos de muchos otros ciudadanos que han sido sometidos a iguales patrones y sus casos han sido invisibilizados.” (…) La desaparición forzada, la tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes, excesos policiales perpetrados con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin contra los venezolanos, son prácticas instaladas en los órganos militares y policiales, y están ocurriendo permanentemente, como un secreto a voces que nos clama en la conciencia. Esta conducta inmoral, innoble y deshonrosa es un atentado a la dignidad de la persona y viola las convenciones y tratados suscritos por la República, que hace responsable directamente a los funcionarios que las ordenan, las apliquen, las toleren o que pudiendo impedirlo, no lo hagan.”
Afortunadamente el estallido de este escándalo coincidió con la visita de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Su vista no pudo ser más oportuna y su valiente informe muestra al mundo la naturaleza criminal del régimen tiránico convertido en el “mal común” de los venezolanos, violando sus derechos personales, políticos, económicos y sociales, consagrados en la Constitución. Tiene enorme importancia que lo diga solemnemente ante el mundo un organismo como la ONU, tan tibio y timorato hasta ahora. Además el duro informe de la Comisionada tiene más valor que si fuera redactado por algunos de los líderes opositores más radicales. La prueba de los hechos se impone tanto que Michelle Bachelet - que fue Presidente de Chile y simpatizante de este régimen- levanta el grito ante el mundo.
Ante esta evidencia, todos estamos obligados a hacer lo que esté a nuestro alcance y hacerlo pronto para salir de este régimen que causa tortura, muerte, cárcel y exilio de millones de venezolanos; mientras al resto se le somete al hambre y a la humillación de las bolsas CLAP, luego de quitarles, con corrupción y muy desacertadas políticas, luz, agua, gas, transporte… y con la hiperinflación el valor de su trabajo. La persecución, la tortura y el asesinato no son accidentes en este sistema criminal decidido a no cambiar. Solo conciencias enfermas o malvadas pueden desear que continúe este sistema de muerte.
Sabemos que estamos ante un régimen militar, penetrado por la dictadura cubana y controlado por esta. En consecuencia el país y el mundo se tienen que rebelar y buscar un cambio urgente, antes de que los daños sean mayores; es indispensable la acción múltiple de los países democráticos obligados a ser solidarios con el pueblo que sufre. Actuar para salvar a los venezolanos del genocidio no es injerencismo, sino defensa de derechos humanos y la no actuación internacional rápida es una grave omisión cómplice de la tiranía que tortura y mata. Pero sería una grave irresponsabilidad de los venezolanos invocar la intervención militar externa para justificar la propia irresponsabilidad y negligencia en la organización de la salida y cambio del régimen. No es honesto tratar de descalificar el valiente informe alegando que Bachelet es de izquierda o que con ese informe ella no va a tumbar al gobierno. Hay que ser muy infantil o retorcido para exigir de ella la tarea de darnos un nuevo gobierno.
La negociación política es indispensable para poder sumar voluntades y fuerzas a la titánica tarea de la reconstrucción. Esto exige cambios de fondo en lo que queda de chavismo honesto y de las diversas oposiciones, y que la sociedad toda se eleve sobre sí misma para hacer de Venezuela un país viable y exitoso, con libertad y justicia. La negociación no debe ser sobre cualquier cosa, sino sobre la salida, la transición para el cambio, la elección y la reconstrucción.
No basta que la rebelión sea justa y necesaria para que sea sensata y exitosa. La doctrina católica de la justa rebelión desde hace cientos de años enseña que entre los factores que deben tomarse en cuenta es que ese cambio tenga probabilidades de éxito y que la nueva situación y gobierno no traigan mayores males que los que se quieren evitar. Hay que salir de este régimen de la manera menos dolorosa y costosa y en condiciones para el éxito en la reconstrucción. Para esto es necesaria la negociación nacional e internacional llevada con firmeza y claridad. Es muy urgente y necesario que se le informe y explique a la población las razones de la negociación, como es necesario que el enfermo y los familiares entiendan y apoyen la necesidad de una operación riesgosa y exigente.
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