El 18 de diciembre de 2014, siendo presidente Barack Obama, el Congreso de EEUU aprobó la Ley 113-278. La primera medida se produjo el 8 marzo 2015, la Orden Ejecutiva 13692, que declaró a Venezuela “amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y política exterior de los EEUU”. La oposición extrema local ha trabajado sin descanso desde entonces para que EEUU y sus aliados del mundo, asfixie a la población venezolana con medidas coercitivas. Deseos no “empreñan”.
Así fue en 2014, 2017, 2019 y 2020. En 2024 provocan violentas manifestaciones callejeras, atentan contra la vida e integridad de las personas, atacan bienes públicos y privados. Luego que actúan los organismos de seguridad del estado, denuncian la “violación de los DDHH”, solicitando la intervención internacional. Reiteradamente; María Corina Machado, Julio Borges y Leopoldo López, entre otros personajes, han solicitado la aplicación de sanciones. Un circuito perverso.
El 20 de enero 2017, Trump asume su primera presidencia y el 24 de agosto anuncia la orden ejecutiva 13808, con la primera tanda de sanciones financieras. Se prohíbe transar con bonos venezolanos, de PDVSA y sus empresas filiales, incluyendo a Monómeros y Citgo.
El 28 de agosto 2017, la solicitud de sanciones contra el país se convirtió en línea política oficial de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) a través de un comunicado. Solicitan el respaldo y promoción de nuevas medidas punitivas y requieren el espaldarazo de la comunidad de naciones a las sanciones en vigencia y, además, reclaman que los gobiernos del mundo adviertan a los ciudadanos y empresas de sus respectivas naciones, que se abstengan de efectuar operaciones financieras o contratos con el gobierno venezolano. Así se estrenó esa oposición en su nueva “forma de hacer política”. ¿Recuerdan ese detalle?
A partir de ese momento la historia cambió, la MUD ya no discutió más en la sede de sus organizaciones. La embajada y la residencia oficial de la misión diplomática de EEUU, se convirtieron en el nuevo lugar de encuentro.
El 23 de enero 2019 se produce la autoproclamación de Juan Guaidó cómo “presidente interino”, a quien reconoce inmediatamente los EEUU, y el 28, el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro, cancelan las órdenes de compra a PDVSA y ceden el control de su filial CITGO y de las cuentas bancarias del estado venezolano en su territorio, al Gobierno de Transición de Guaidó. Comenzó el “ciclón del dinero”.
El 17 de abril de 2019, el Departamento del Tesoro sanciona y emite designaciones de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros contra el Banco Central de Venezuela.
El 5 de agosto de ese mismo año, el presidente de Estados Unidos firmó una orden ejecutiva ordenando sanciones a quien brinde apoyo a Maduro en cualquier parte del mundo, y decreta el bloqueo económico total. De acuerdo con esta disposición, todos los bienes del gobierno en disputa de Venezuela que se encuentran en Estados Unidos están bloqueados y no pueden transferirse, pagarse, exportarse, retirarse ni negociarse de manera alguna.
La presidencia de Joe Biden, aun cuando no emitió nuevas órdenes ejecutivas, dio continuidad al mecanismo punitivo contra Venezuela. Estableció el modelo de las licencias generales de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que flexibilizó las sanciones del primer cuatrienio de Trump, y permitió la operación de empresas petroleras en suelo venezolano de acuerdo con lo establecido por la OFAC.
A la fecha, más de 1000 sanciones ha emitido EEUU contra nuestro país, y la última la aplica Trump hace pocos días, luego de un intenso lobby de María Corina Machado y sus aliados en los EEUU. Se suspende la licencia de Chevron, y el panorama económico, en principio, se vislumbra complicado.
No sólo “bregaron” la medida, sino que además la celebran y la adornan con contenido político. MCM sentencia por enésima vez que ahora sí llegó el fin del régimen y su Sancho Panza, Juan Pablo Guanipa, espera que la gente proteste en las calles, como no lo hicieron el pasado 9 de enero. Afirma que “trabajan en generar presión interna para sacar a Maduro del poder”. Se quedaron mirando por el retrovisor.
¿Será que vuelven las guarimbas?
jotaerre577@gmail.com
Así fue en 2014, 2017, 2019 y 2020. En 2024 provocan violentas manifestaciones callejeras, atentan contra la vida e integridad de las personas, atacan bienes públicos y privados. Luego que actúan los organismos de seguridad del estado, denuncian la “violación de los DDHH”, solicitando la intervención internacional. Reiteradamente; María Corina Machado, Julio Borges y Leopoldo López, entre otros personajes, han solicitado la aplicación de sanciones. Un circuito perverso.
El 20 de enero 2017, Trump asume su primera presidencia y el 24 de agosto anuncia la orden ejecutiva 13808, con la primera tanda de sanciones financieras. Se prohíbe transar con bonos venezolanos, de PDVSA y sus empresas filiales, incluyendo a Monómeros y Citgo.
El 28 de agosto 2017, la solicitud de sanciones contra el país se convirtió en línea política oficial de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) a través de un comunicado. Solicitan el respaldo y promoción de nuevas medidas punitivas y requieren el espaldarazo de la comunidad de naciones a las sanciones en vigencia y, además, reclaman que los gobiernos del mundo adviertan a los ciudadanos y empresas de sus respectivas naciones, que se abstengan de efectuar operaciones financieras o contratos con el gobierno venezolano. Así se estrenó esa oposición en su nueva “forma de hacer política”. ¿Recuerdan ese detalle?
A partir de ese momento la historia cambió, la MUD ya no discutió más en la sede de sus organizaciones. La embajada y la residencia oficial de la misión diplomática de EEUU, se convirtieron en el nuevo lugar de encuentro.
El 23 de enero 2019 se produce la autoproclamación de Juan Guaidó cómo “presidente interino”, a quien reconoce inmediatamente los EEUU, y el 28, el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro, cancelan las órdenes de compra a PDVSA y ceden el control de su filial CITGO y de las cuentas bancarias del estado venezolano en su territorio, al Gobierno de Transición de Guaidó. Comenzó el “ciclón del dinero”.
El 17 de abril de 2019, el Departamento del Tesoro sanciona y emite designaciones de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros contra el Banco Central de Venezuela.
El 5 de agosto de ese mismo año, el presidente de Estados Unidos firmó una orden ejecutiva ordenando sanciones a quien brinde apoyo a Maduro en cualquier parte del mundo, y decreta el bloqueo económico total. De acuerdo con esta disposición, todos los bienes del gobierno en disputa de Venezuela que se encuentran en Estados Unidos están bloqueados y no pueden transferirse, pagarse, exportarse, retirarse ni negociarse de manera alguna.
La presidencia de Joe Biden, aun cuando no emitió nuevas órdenes ejecutivas, dio continuidad al mecanismo punitivo contra Venezuela. Estableció el modelo de las licencias generales de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que flexibilizó las sanciones del primer cuatrienio de Trump, y permitió la operación de empresas petroleras en suelo venezolano de acuerdo con lo establecido por la OFAC.
A la fecha, más de 1000 sanciones ha emitido EEUU contra nuestro país, y la última la aplica Trump hace pocos días, luego de un intenso lobby de María Corina Machado y sus aliados en los EEUU. Se suspende la licencia de Chevron, y el panorama económico, en principio, se vislumbra complicado.
No sólo “bregaron” la medida, sino que además la celebran y la adornan con contenido político. MCM sentencia por enésima vez que ahora sí llegó el fin del régimen y su Sancho Panza, Juan Pablo Guanipa, espera que la gente proteste en las calles, como no lo hicieron el pasado 9 de enero. Afirma que “trabajan en generar presión interna para sacar a Maduro del poder”. Se quedaron mirando por el retrovisor.
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