Luego de los eventos precursores del 19 de abril de 1810, un verdadero primer golpe de Estado en nuestra historia, contra el Capitán General Vicente Emparan, Venezuela contaba de hecho con un primer gobierno autónomo y, entre 1810 y 1811 evoluciona rápidamente hacia una emancipación republicana, convocando a elecciones para Representantes ante el Congreso que, el 5 de julio de 1811 decretó la Independencia Absoluta de Venezuela. Todas estas elecciones, del republicanismo temprano, se realizaron bajo criterios altamente restrictivos en cuanto al derecho a elegir y ser elegido, los requisitos de ser “Vecino”. Propietario, masculino, alfabetizado, etc. alejaban a la mayoría de la población del ejercicio efectivo de los derechos políticos, incluyendo los lapsos desde la llamada Gran Colombia hasta 1830.

Entre 1830 y 1858, bajo la Constitución de la República ya separada de la unión colombiana, el sufragio en Venezuela funcionó de una manera continua, estable y relativamente alternativa, siempre bajo la amenaza del militarismo caudillista y las restricciones legales censitarias, que hacían de Venezuela una “República de Propietarios”. Después del derrocamiento de la autocracia del general José Tadeo Monagas, en marzo de 1858, se inició una apertura hacia el llamado sufragio universal de varones que favoreció la elección de don Manuel Felipe Tovar, cuya gestión se vio interrumpida por la violencia inútil derivada de la Guerra Federal (1859-1863). La esperanza democrática renació con el Decreto de Garantías del general Falcón en 1863 y con la Constitución Federal de 1864, impulsando el concepto del “Sufragio Popular”, aunque excluyendo aún a las mujeres de sus derechos políticos y en un ambiente de inestabilidad y corrupción que impidió el avance hacia metas más democráticas del sufragio.

El régimen del “Guzmanato” y sus secuelas (1870-1892) representaron un retroceso en materia de las metas ya alcanzadas desde 1811, no solamente por los procedimientos autocráticos de Guzmán Blanco como líder del liberalismo amarillo, sino, principalmente, por la instauración, bajo la Constitución de 1881, de un sistema político “Oligocrático”, encarnado en el predominio del un Consejo Federal, en el que una ínfima minoría de parlamentarios (controlados por Guzmán) elegía, de su propio seno, al presidente de la República y, además, ejercía un estricto control sobre los poderes legislativo y judicial.

Luego de los gobiernos civiles de los doctores Rojas Paúl y Andueza Palacio, entre 1888 y 1892, la Revolución Legalista del general Joaquín Crespo tomó el poder y, a través de una Constituyente, aprobó en 1893, el fin del Consejo Federal como ente dominante y reinstauró el sufragio universal de varones, pero conservando el poder real y excluyente del Partido Liberal Amarillo bajo su estricto mando, logrando que en 1897 se cumpliese la elección de Ignacio Andrade, bajo una práctica electoral irregular y fraudulenta, que le garantizaba a Crespo el posible retorno al poder en las siguientes elecciones de 1901, pero la bala de un francotirador en la “Mata Carmelera” acabó con sus planes políticos y lo envió al majestuoso mausoleo que se había hecho construir en el Cementerio General del Sur.

Los regímenes de los generales Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez, entre 1899 y 1935, no pueden ser analizados desde una perspectiva política electoral, pues la “Tiranía Liberal” (leer Manuel Caballero) de ambos, anuló toda iniciativa elemental en el uso de los derechos políticos y solamente desde 1936 hasta 1948, podremos observar una lenta evolución reformista hacia una apertura democrática, iniciada por la transición abierta por el Gral. López Contreras, continuada por el Gral. Medina Angarita y consolidada formalmente por el gobierno de la Junta Revolucionaria de Gobierno presidida por Rómulo Betancourt, con el ejercicio, por primera vez en nuestra historia del sufragio universal, directo y secreto, de hombres y mujeres como ciudadanos plenos. Pero ese pueblo elector, pero inmaduro, no salió a defender al presidente que acababa de elegir por una mayoría abrumadora y el Maestro Rómulo Gallegos sucumbió ante el golpe militarista del 24 de enero de 1948.

La dictadura militar duró hasta el 23 de enero de 1958, lapso en el que hubo algunas votaciones fraudulentas, pero ninguna elección legítima. La reinstauración de la democracia electoral ocurrió desde 1958, garantizada por el pacto de “Punto Fijo” en términos de garantizar la gobernabilidad y continuidad del sistema democrático y alternativo, pues las nefastas reelecciones autoritarias parecían ya una cosa del pasado y, entre 1958 y 1998, vivimos en un ambiente político de bastante estabilidad y progreso, que derrotó los golpes de Estado de izquierda y derecha, las aventuras guerrilleras, las crisis económicas, protestas y saqueos, y hasta de las acusaciones de corrupción, como fue con el caso del enjuiciamiento y renuncia del presidente Pérez en su segundo mandato.

El propio presidente Hugo Chávez se benefició políticamente de los restos de la tolerancia y alternabilidad que quedaban del llamado “Puntofijismo”, permitiéndole llegar al poder por la vía electoral en 1998, por lo que se vio que la Constitución de 1961 en realidad no estaba moribunda. Después de 1999, el sistema electoral venezolano cambió de ambiente, bajo un escenario más demodistributivo que democrático, con un electorado de inclinaciones hegemonistas para favorecer un caudillismo único, un electorado en gran medida subsidiado y parasitario del poder, que ya venía asomándose desde la segunda elección de CAP en 1988, ejerciendo electores y elegidos ese mesianismo populista negativo.

Las elecciones hegemónicas, antes y después de 1998, le han hecho un gran daño a la democracia venezolana. Es casi una verdad consagrada que las elecciones con resultados heterogéneos: Betancourt en 1958, Leoni en 1963 y Caldera en 1968, todas con un electorado no hegemónico, dieron los momentos de mayor prosperidad sociopolítica a los venezolanos, crecimiento económico con baja inflación, obras públicas en educación, vialidad, salud, vivienda, etc. Finalmente, desde el fallecimiento del presidente Chávez, el sistema político-electoral y los electores parecieran buscar un regreso a la heterogeneidad partidista más sana, aunque desde el poder establecido y por los errores de la “oposición”, no se ha logrado aún una transición realista y eficiente hacia un nuevo tipo de democracia no populista ni hegemónica, no excluyente de las tendencias divergentes, aunque con límites en la tolerancia para con los intolerantes de cualquier signo político.

ANB Cronista de la UCV