Cuan presagio apocalíptico codificado, se nos informa sobre la firma de un convenio bilateral, de confidencialidad o discreción (sigilosamente) y quizá sin desdén de una opinión pública presta y reacia a toda improvisación, recién celebrado entre Trinidad y Tobago/PDVSA para la reactivación del proyecto gasífero Mariscal Sucre, según su primer ministro, Keith Rowley y el ministro de Energía, Stuart Young, así como de nuestra estatal petrolera, desde el campo Dragón en la cuenca de Margarita, adyacente a la frontera marítima, delimitada en 4/1990. Vale decir, en aguas territoriales de nuestra plataforma continental; coordenadas exactas, según Global Energy Monitor: 10.8691 /618567 costa afuera, a unas 80 mn, noroeste de la península de Paria; yacimiento hidrocarburífero con reservas probadas de gas natural equivalentes a unos 42, 6 bpc de gas no asociado, y aprobación de EEUU, cuyo pago estaría cercano a unos 25 millonesUSD/mes, efectivo en insumos (alimentos y medicinas) a fin de mitigar la crisis humanitaria que nos agobia; convenio que omite la aprobación del Poder Legislativo o Asamblea Nacional (artículos 150 y 186.9 de la CRBV), además del Vº Bº de la Procuraduría General de la República, cuyo contenido estimamos, por diafanidad de principios éticos y sin ambages ni reserva alguna, debería hacerse del dominio e interés públicos a través de los medios institucionales.

Asimismo, desde 2015 está planteada la posibilidad del gasoducto de unos 17 km de longitud entre dicho yacimiento y la plataforma marítima Hibiscus, propiedad común del gobierno de Puerto España y la operadora Shell Plc, de experticia en el área, por la década 1950, en aguas de Trinidad y Tobago.

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