En días pasados asigné un trabajo a mis estudiantes de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela, referente al tema de la censura. La pregunta era: ¿Piensa usted que la censura es a veces justificable? Si es así, ¿en cuáles casos? La intención de la cuestión era dirigir a los futuros comunicadores sociales hacia una reflexión, y sobre todo hacia una argumentación, acerca de sus razonamientos sobre la libertad de expresión.
Recibí respuestas de todo tipo, que sirvieron como un instrumento para pulsar la intensidad del debate académico en un tema tan extenso y complicado. Entre las consideraciones de una estudiante muy inteligente, aparecía que no se debe permitir que una opinión perjudique o haga sentir mal a otra persona. Otra aceptaba que pudiera existir la censura, siempre y cuando fuera justificable. Otro alumno, en cambio, negaba cualquier tipo de censura mientras no hubiera delito.
Así fuimos entrando en el ojo del huracán, en el meollo del problema. Si esos argumentos tenían validez, ¿entonces quién debería decidir cuál censura era justificable? ¿Los gobiernos de turno? ¿Las empresas privadas, propietarias de redes sociales o medios de comunicación? ¿Alguna ley o regulación especialmente diseñada para eso? El punto es que siempre resulta subjetivo, y puede ser arbitrario, marcar la línea roja que no se debe franquear para preservar la libertad de expresión.
El debate, como todos los careos académicos, se vio recalentado con los argumentos más disímiles que ayudaban a reflexionar. ¿La ofensa al prójimo es el límite? ¿O más bien la verdad? ¿Cómo y quién establece si un mensaje se debe censurar? Si todo este embrollo pudiera solucionarse con la vieja conseja de que la libertad nuestra termina donde comienza la libertad del otro, nuestra vida sería más fácil. Pero en el mundo actual, el tema de la libertad de pensamiento, y de su consecuente libertad de expresión, se ha convertido en algo mucho más complicado.
Por ejemplo, Twitter, Facebook e Instagram censuraron de por vida al expresidente norteamericano Donald Trump, alegando llamados a la violencia en la toma del Capitolio. Si fue verdad o mentira, algo que se sabrá en los tribunales, de cualquier manera esas compañías eliminaron de un plumazo el derecho a la rectificación y al arrepentimiento. En cambio, el magnate Elon Musk, quien está tratando de comprar Twitter, aseguró en una conferencia organizada por el prestigioso Financial Times durante el mes de mayo de este año en Londres, que si termina comprando la compañía levantará el veto a Trump y le restituirá su cuenta. Musk se autodefine como un absolutista de la libertad de expresión. Eso nos trae a la memoria la frase atribuida erróneamente a Voltaire: “No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a decirlo”.
Un ejemplo interesante para alimentar el debate es Telegram, la red creada por los hermanos rusos Nikolai y Pavel Durov. Ellos se han diferenciado a las redes norteamericanas en cuanto al manejo de la censura. “Si criticar al gobierno es ilegal en un país, Telegram no será parte de esa forma de censura política”, declararon en un comunicado. Por eso los hermanos Durov tuvieron que dejar Rusia. Su línea roja está marcada por el terrorismo, y cerraron 78 canales del grupo extremista Isis en 12 idiomas, después de los atentados de París. ¿Es entonces el llamado al terrorismo lo que debe marcar cuando censurar un mensaje? Seguramente la mayoría de personas contesta que sí. El problema reside en que todos los gobiernos autócratas llaman terroristas a sus opositores, sean quienes sean. Al ponerle la etiqueta de terrorista a cualquier persona, partido político u organización, los tiranos creen tener un permiso de censura.
Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (DRAE), terrorismo es “Una actuación criminal de bandas organizadas que, reiteradamente y por lo común de modo indiscriminado, pretende crear alarma social con fines políticos”. La Organización de las Naciones Unidas (ONU), le agrega a la definición el ingrediente de los objetivos del terrorismo, que incluyen a la población civil. El Consejo de Seguridad de la ONU en su resolución número 1.566 del año 2004 estableció que “Son actos criminales, inclusive contra civiles, cometidos con la intención de causar muerte o lesiones corporales graves o de tomar rehenes, con el propósito de provocar un estado de terror en la población”. O sea, que un partido político o movimiento opositor, incluyendo sus militantes, no deberían ser llamados terroristas por los gobiernos de turno. Eso solo sucede en las tiranías.
Otro aspecto, que merece unas reflexiones más extensas sobre ética y moral, es el de la pornografía. ¿Cómo asegurar que sean solamente los mayores de edad quienes tengan acceso a ese tipo de mensajes? Lo cierto es que la libertad de expresión, ese concepto tan resbaloso y repleto de filos espinosos, nos lleva indefectiblemente al tema de la censura. Hay que evitarla a toda costa.
alvaromont@gmail.com
Recibí respuestas de todo tipo, que sirvieron como un instrumento para pulsar la intensidad del debate académico en un tema tan extenso y complicado. Entre las consideraciones de una estudiante muy inteligente, aparecía que no se debe permitir que una opinión perjudique o haga sentir mal a otra persona. Otra aceptaba que pudiera existir la censura, siempre y cuando fuera justificable. Otro alumno, en cambio, negaba cualquier tipo de censura mientras no hubiera delito.
Así fuimos entrando en el ojo del huracán, en el meollo del problema. Si esos argumentos tenían validez, ¿entonces quién debería decidir cuál censura era justificable? ¿Los gobiernos de turno? ¿Las empresas privadas, propietarias de redes sociales o medios de comunicación? ¿Alguna ley o regulación especialmente diseñada para eso? El punto es que siempre resulta subjetivo, y puede ser arbitrario, marcar la línea roja que no se debe franquear para preservar la libertad de expresión.
El debate, como todos los careos académicos, se vio recalentado con los argumentos más disímiles que ayudaban a reflexionar. ¿La ofensa al prójimo es el límite? ¿O más bien la verdad? ¿Cómo y quién establece si un mensaje se debe censurar? Si todo este embrollo pudiera solucionarse con la vieja conseja de que la libertad nuestra termina donde comienza la libertad del otro, nuestra vida sería más fácil. Pero en el mundo actual, el tema de la libertad de pensamiento, y de su consecuente libertad de expresión, se ha convertido en algo mucho más complicado.
Por ejemplo, Twitter, Facebook e Instagram censuraron de por vida al expresidente norteamericano Donald Trump, alegando llamados a la violencia en la toma del Capitolio. Si fue verdad o mentira, algo que se sabrá en los tribunales, de cualquier manera esas compañías eliminaron de un plumazo el derecho a la rectificación y al arrepentimiento. En cambio, el magnate Elon Musk, quien está tratando de comprar Twitter, aseguró en una conferencia organizada por el prestigioso Financial Times durante el mes de mayo de este año en Londres, que si termina comprando la compañía levantará el veto a Trump y le restituirá su cuenta. Musk se autodefine como un absolutista de la libertad de expresión. Eso nos trae a la memoria la frase atribuida erróneamente a Voltaire: “No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a decirlo”.
Un ejemplo interesante para alimentar el debate es Telegram, la red creada por los hermanos rusos Nikolai y Pavel Durov. Ellos se han diferenciado a las redes norteamericanas en cuanto al manejo de la censura. “Si criticar al gobierno es ilegal en un país, Telegram no será parte de esa forma de censura política”, declararon en un comunicado. Por eso los hermanos Durov tuvieron que dejar Rusia. Su línea roja está marcada por el terrorismo, y cerraron 78 canales del grupo extremista Isis en 12 idiomas, después de los atentados de París. ¿Es entonces el llamado al terrorismo lo que debe marcar cuando censurar un mensaje? Seguramente la mayoría de personas contesta que sí. El problema reside en que todos los gobiernos autócratas llaman terroristas a sus opositores, sean quienes sean. Al ponerle la etiqueta de terrorista a cualquier persona, partido político u organización, los tiranos creen tener un permiso de censura.
Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (DRAE), terrorismo es “Una actuación criminal de bandas organizadas que, reiteradamente y por lo común de modo indiscriminado, pretende crear alarma social con fines políticos”. La Organización de las Naciones Unidas (ONU), le agrega a la definición el ingrediente de los objetivos del terrorismo, que incluyen a la población civil. El Consejo de Seguridad de la ONU en su resolución número 1.566 del año 2004 estableció que “Son actos criminales, inclusive contra civiles, cometidos con la intención de causar muerte o lesiones corporales graves o de tomar rehenes, con el propósito de provocar un estado de terror en la población”. O sea, que un partido político o movimiento opositor, incluyendo sus militantes, no deberían ser llamados terroristas por los gobiernos de turno. Eso solo sucede en las tiranías.
Otro aspecto, que merece unas reflexiones más extensas sobre ética y moral, es el de la pornografía. ¿Cómo asegurar que sean solamente los mayores de edad quienes tengan acceso a ese tipo de mensajes? Lo cierto es que la libertad de expresión, ese concepto tan resbaloso y repleto de filos espinosos, nos lleva indefectiblemente al tema de la censura. Hay que evitarla a toda costa.
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