JULIO MATERANO
A Flor Tovar, administradora de La Atarraya, un restaurante con más de 60 años de historia, cuya edificación se construyó a finales del siglo XIX, le tomó solo 24 horas desmontar su trabajo. No quedó ni una sola silla en la barra, tampoco había platos por recoger, solo 31 empleados enmudecidos por la medida de expropiación tomada por la Alcaldía de Libertador. “Nos dejan en la calle y sin la posibilidad de iniciar de nuevo. Éramos parte del encanto del centro y nos cierran para poner quién sabe qué”.
Un deja vu vivieron 19 comerciantes del Pasaje Linares y sus alrededores tras conocer la medida emitida por el ayuntamiento. El episodio, que para algunos evocó el tan recurrente exprópiese pronunciado por Chávez en 2010, cuando confiscó La Francia en las inmediaciones de la Plaza Bolívar, reavivó el sinsabor del desempleo.
Se trata de una decisión fundada en el Decreto N° 0030 de fecha 19 de abril, publicado en la Gaceta Municipal 4303-1, un instrumento que aspira retomar el proyecto de desarrollo cultural, turístico y socioeconómico del casco histórico de Caracas y que cuenta con el aval de la alcaldesa Érika Farías.
La medida que, a juicio de los vendedores, estuvo secundada por amedrentamiento de colectivos, tomó por sorpresa a Diana García, cuya familia ha hecho de la venta de piñatas y artículos para fiestas un negocio próspero. “Dejan en la calle a 16 trabajadores y nos dejan sin la posibilidad de negociar”, repetía a las puertas de lo que fue su empresa durante 12 años. Su madre Sonia Lantigua teme volver a la informalidad como inició en el negocio de las piñatas.
La Atarraya tiene sesenta años en el casco central (Fotos: Venancio Alcázares)
La medida, que se ejecuta en conjunto con el Gobierno del Distrito Capital, afecta a por lo menos 400 trabajadores directos. Elio Abinehme dice que no se opone a la decisión del ayuntamiento, pero lamenta que no se haya prorrogado el plazo para desocupar. Él al igual que otros propietarios afirma que debió responder a la urgencia con más urgencia: muchos de los comerciantes han tenido que alquilar galpones en Sabana Grande, San Martín y en la avenida Urdaneta para resguardar su mercancía.
“Entiendo que es un lugar patrimonial, pero hasta ahora no hay acuerdo ni oferta para la indemnización de los dueños. Todos nosotros estábamos alquilados”, afirma Abinehme. En esa manzana, que se inserta dentro del conjunto urbano de San Jacinto, declarado Bien de Interés Cultural en Gaceta nº 36.762 del 9 de agosto de 1979, solo un establecimiento se salvó de la medida: Páramo Café, donde funcionó el otrora Hotel León de Oro, uno de los primeros hospedajes de la ciudad y que junto al Pasaje Linares era uno de los entramados comerciales más importantes alrededor de 1891.
Quienes visitan el lugar dicen que están del lado del progreso, sin embargo, la mayoría de los visitantes del centro resiente los altos costos de los productos que se expenden en los cafés de reciente data que se instalan en la zona. “El centro necesita vigilancia, alumbrado y seguridad. Caminar de noche es prácticamente un riesgo y se ve cómo la gente come de la basura”, dice Margarita Monsalve. Al cierre de esta edición, los comerciantes afectados esperaban negociar con grupos de la parroquia Catedral para flexibilizar la medida impuesta por la alcaldía. Daniel García, uno de los perjudicados, dice que se trata de una locura y que se torna cuesta arriba emprender de nuevo en tiempos de crisis.
