Miami.- Una organización venezolana en
Miami denunció hoy que la situación de los derechos
humanos se "deterioró" en 2007 en Venezuela, donde existen
25 presos políticos, se "practica la tortura" y se "violan"
los procesos judiciales.
Venezuela Awareness Foundation (VAF), organización de
derechos humanos, hizo la denuncia en su informe de 2007 divulgado
un día antes de conmemorarse el sexto aniversario de
los hechos que precedieron al golpe de Estado que mantuvo
al presidente Hugo Chávez fuera del poder durante 48
horas, en 2002.
"Estamos presentado el informe en vísperas del aniversario
del 11 de abril del 2002 para que no olvidemos que aún
existen presos políticos por esos sucesos, y ocho agentes
policiales son los que tienen más tiempo detenidos con
cinco años", dijo a Efe Patricia Andrade, presidente
de VAF.
En los sucesos fallecieron 19 personas y hubo decenas de
heridos en la marcha de oposición que se desvió
a Miraflores.
La VAF dijo en el informe que pese a las "graves violaciones"
a los derechos humanos, "como rasgo positivo podemos resaltar
el indulto (tardío) que benefició a los supuestos
paramilitares detenidos en mayo de 2004".
Asimismo, se concedió una amnistía "discriminatoria
y selectiva que solo benefició a un reducido número
de siete presos políticos, la cual fue decretada el 31
de diciembre de 2007".
En cuanto a los 25 presos políticos, indicó que
"son juzgados y condenados fuera del marco legal; se les acusa
de delitos de los cuales no hay prueba alguna ni responsabilidad,
nexos o participación".
Andrade dijo que presentó 16 de esos casos ante
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Existen "acentuadas formas del actual Gobierno para arremeter
contra la disidencia política, contra aquellos que pretenden
ejercer sus derechos constitucionales como por ejemplo, manifestar
pacíficamente, o ejercer su derecho a la libertad de
expresión".
Durante el año pasado, también se produjeron aproximadamente
500 detenciones por las manifestaciones en contra del cierre
del canal Radio Caracas Televisión, según el informe.
Asimismo, "los funcionarios judiciales o Fiscales del Ministerio
Público violan abiertamente las garantías procesales
de los ciudadanos que enfrentan un proceso judicial y los
deja en completo estado de indefensión jurídica".
De acuerdo con la organización, durante el desarrollo
de los procesos judiciales, "los jueces se comportan con evidente
parcialidad otorgando la razón al Ministerio Público
en la casi totalidad de las peticiones fiscales".
Otras de las denuncias contenidas en el informe son las detenciones
ilegales, allanamientos sin una orden legal, interrogatorios
ilegales y sin presencia de los abogados utilizando "métodos
de tortura psicológica y física", sistema que se
"usa también en los centros de reclusión".